El año negro de la Justicia

El año que termina presenta dentro de sus balances más desfavorables la caída imparable en la respetabilidad de la Justicia.

Mala imagen que, en este caso, corresponde cabalmente a la realidad que tanto el funcionamiento del aparato judicial como los desatinos de sus funcionarios al más alto nivel han ofrecido a la sociedad.

De la justicia como servicio público, encuentran los colombianos una estructura morosa, formalista, casi que inmóvil. Que, aparte de dilatar sin fin la definición de situaciones jurídicas que para los ciudadanos son vitales, no asegura protección legal a quienes acreditan legítimamente sus derechos.

Y de la justicia como dignidad, que aseguraba magistratura a los togados más capaces, eruditos y honrados, ya no quedan sino recuerdos.

La politiquería hizo entrada en las más altas cortes hace varios años, pero ya asentó su nefasta forma de actuar como parte estructural de la rama.

La respetabilidad de muchos magistrados se ha hecho añicos, producto de actuaciones en las que el sentido de la dignidad de la investidura que representan ha sido pisoteada en búsqueda de otros objetivos distintos a la recta administración de justicia.

El Consejo Superior de la Judicatura, y concretamente su Sala Disciplinaria, batió este año sus propias marcas de desprestigio. Allí actuaron sin ningún sentido ético, prohijando un abuso continuado del derecho con el vergonzoso "carrusel de pensiones", con defraudación no sólo del patrimonio público sino de la confianza ciudadana en los poderes estatales.

Tampoco quedaron bien las más altas instancias judiciales -salvo la Corte Constitucional, que permaneció al margen- durante el penoso proceso de reforma constitucional a la justicia.

Mientras el Consejo de Estado decía un día una cosa y al siguiente otra, magistrados de la Corte Suprema jugaban a tres bandas, conviniendo con el Gobierno, solapadamente y a espaldas del país, beneficios particulares disfrazados de ampliación de períodos y mayor edad de retiro.

El Ministerio de Justicia, reabierto tras quedarse sin funciones, debutó con un ministro, Juan Carlos Esguerra, que menospreció la inteligencia de los colombianos y creyó que nuestra candidez y resignación daban para aprobar cualquier cosa en el Congreso, en contra del interés público. Al final, claro, tuvo que renunciar para salvar su decoro profesional.

Y antes de esta crisis que sorprendió al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial con las vergüenzas al aire, el Consejo de Estado comprobó que la elección de la Fiscal General en 2011, había sido irregular, con violación de los Estatutos de la Corte Suprema y, por ende, anuló el nombramiento.

Mientras tanto, unos magistrados que terminaban período en una Corte, se hacían nombrar en otra, en una especie adicional de carrusel burocrático-judicial que generó reparos éticos y preguntas fundadas sobre la meritocracia, que hace tiempo se diluyó entre tanto clientelismo.

Y para cerrar tan desolador panorama, desde octubre, el país ve con estupor los efectos del paro judicial que ha añadido inactividad casi total a la ya de por sí tardía administración judicial.

El país no puede continuar con esta deslegitimación de su Justicia. Esta era la rama del poder que rescataba la confianza en la institucionalidad, ante la corrupción de los demás poderes. Ahora ella, la Justicia, no puede dejarse tragar en ese torbellino.