En una carta con fecha del 18 de julio pasado, que fue dirigida por el colectivo Túnel Verde a las partes demandadas en la acción popular, debido a las talas requeridas para construir el tramo 2B del metroplús en Envigado, la agrupación les propuso sentarse a negociar para buscarle salidas prontas al caso.
En la petición, firmada por
Juliana Vélez,
Alejandro Jiménez,
Juan C. Valencia,
Camilo Quintero y
Fabio Martínez, el colectivo le pidió a Metroplús S.A., a Corantioquia y a Arquitectos e Ingenieros Asociados, AIA, "renunciar a los recursos de apelación interpuestos (...) ante el Consejo de Estado, para que el proceso regrese al Tribunal Administrativo de Antioquia y la concertación sea desarrollada en el marco de la acción popular interpuesta".
Además, el colectivo planteó la creación de un comité de verificación, "logrando así mayor garantía para todas las partes", según el documento.
La agrupación agregó que la concertación deberá involucrar el análisis académico, invitando a participar a entidades como Urbam de Eafit, a la Clínica Jurídica de la U. de Medellín, a la Facultad de Arquitectura de la U. Nacional y a colectivos que aporten propositivamente en la situación.
Análisis de los demandados
Sobre la propuesta, el alcalde de Envigado,
Héctor Londoño, informó que "con Metroplús coincidimos en que la concertación es una salida muy buena. Pero, en la propuesta el colectivo incluye una cantidad de gente e instituciones para concertar, muchos de la parte jurídica, y este no es un tema jurídico, sino técnico".
Londoño argumentó, además, que "entre menos gente haya en esa junta, es mejor, porque una comisión con tanta gente dilata el tiempo y necesitamos una salida rápida".
En cuanto a las exigencias, el mandatario reiteró que "hemos estado siempre dispuestos a conciliar, pero queremos dejar claro de una vez que el proyecto no es viable si no se hace con tres carriles, y esa es una posición irrenunciable".
Sobre el asunto, Metroplús S.A. dijo que la carta está "en evaluación por un equipo interinstitucional de abogados, técnicos y sociales. (...) Por ahora no nos pronunciaremos sobre el tema, respetando el debido proceso que se lleva a cabo con la acción popular interpuesta por el Colectivo".
En el mismo sentido, voceros de Corantioquia manifestaron que la entidad prefiere no pronunciarse al respecto.
Así que, mientras no haya respuestas, el caso sigue en manos del Consejo de Estado.