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El Fiscal General dijo que había viajado a La Haya a "defender la solución negociada del conflicto". No dudo ni de su buena fe ni de que esas fueran sus intenciones. Pero quizás sea exactamente esa la razón de sus equivocaciones: Montealegre no tiene entre sus funciones ninguna siquiera cercana a "la defensa de la solución negociada del conflicto". Según la Constitución, al Fiscal le corresponde "adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito".
Por eso se entiende tan mal que nada menos que la cabeza del órgano encargado de investigar el delito y acusar a los presuntos delincuentes insista una y otra vez en que los guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no deben pagar con penas privativas de la libertad por sus abominables delitos. Según Montealegre, para que hubiese justicia bastaría con que esos asesinos en serie hicieran "trabajo social".
Cuando lo dice, el Fiscal pareciera dejar de lado su tarea constitucional de perseguidor del delito y volver a su papel original de abogado defensor, por el que ganó merecida reputación. Con ello, aunque no lo quiera, hace un triple daño: por un lado, a las instituciones, al trocar la función constitucional de la Fiscalía. Por el otro, peor, incentiva la violencia y la reiterada comisión de los crímenes más abominables, los de lesa humanidad y los de guerra, porque envía el mensaje a los guerrilleros de que si los siguen cometiendo no les pasará nada distinto a tener que hacer un "trabajo social" cualquiera. En esas condiciones, cuando es el mismo Fiscal General quien hace tales anuncios, no debe extrañar que las Farc y el Eln sigan, como siguen, cometiendo tales delitos. Por último, afecta negativamente a los negociadores del Gobierno en Cuba, porque les cercena de manera grave su margen de maniobra en la mesa: si el Fiscal ya ha dicho que bastaría con "trabajo social" para sus crímenes, ¿porqué habrían de aceptar los jefes de las Farc alguna otra pena?
Y al mismo tiempo que declara como delitos de lesa humanidad 34 asesinatos de miembros de la Unión Patriótica (el partido que crearon las Farc durante el proceso de paz con Belisario Betancur), sostiene que en Colombia no hay guerrilleros sentenciados por tales delitos, más allá de que olvida que un crimen de lesa humanidad lo es por su naturaleza, sin importar la denominación que le dé la Fiscalía (solo en la bomba del club el Nogal las Farc asesinaron a 36 y causaron mas de 200 heridos, por ejemplo), es demoledor el mensaje de un doble estándar en el cual los delitos de la guerrilla son tratados con generosísima benevolencia.
Para rematar, el Fiscal, que es suavecito como un conejo con la guerrilla, se muestra feroz con los contradictores del Gobierno, por un lado, y con los miembros de la Fuerza Pública, por el otro. La Fiscalía no solo pide condenas de decenas de años contra generales de la Fuerza Pública por "omisión" y sosteniendo que el Ejército es un "aparato organizado de poder" para delinquir, teoría que es un exabrupto en una democracia, sino que sistemáticamente persigue los órganos de inteligencia, los mismos que, junto con el apoyo aéreo y las fuerzas especiales, son los responsables del grueso de los éxitos en la lucha contra la guerrilla y de golpes como las operaciones que concluyeron con la libertad de Ingrid Betancourt y el general Mendieta, entre otros secuestrados.
En La Haya, la fiscal Bensouda de la CPI recordó, como había hecho ya en carta a la Corte Constitucional, que "el Estatuto de Roma impone no solo el deber de investigar y perseguir, sino también de castigar a los perpetradores de los más graves crímenes con penas privativas de la libertad. Es decir, en criterio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sin prisión efectiva no hay justicia".
Montealegre salió de Holanda a criticar a la Fiscal de la CPI, sostuvo que su posición es "debatible" y anunció que insistirá en su cruzada por impunidad para las Farc. Su persistencia le hace flaco favor a la paz y a la justicia.