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Una de las ‘papas calientes’ que tiene hoy en sus manos el ministro de Minas y Energía,
Mauricio Cárdenas Santamaría, es definir el futuro de la concesión minera para la explotación de ferroníquel en Montelíbano (Córdoba), hasta el próximo 30 de septiembre a cargo de Cerro Matoso, filial de la multinacional angloaustraliana BHP Billiton.
La Agencia Nacional de Minería (ANM), dependencia del Ministerio de Minas, tendrá que decidir si declara la caducidad del contrato o, por el contrario, se autoriza su prórroga hasta 2029, como lo espera la multinacional, aunque el ministro Cárdenas habla de que es necesario un nuevo contrato, en otras condiciones.
Tampoco se descarta la opción de que el Gobierno impulse una nueva licitación de la única mina de níquel del país, la cuarta en tamaño en el mundo, y que el año pasado facturó más de 800 millones de dólares (1,45 billones de pesos de hoy) en este insumo para la fabricación de acero.
Por ahora, a la decisión le han subido el volumen el debate de control político realizado la semana pasada en el Senado y el control de advertencia sobre los riesgos en la legalidad del contrato de concesión vigente hace 16 años que lanzó la contralora General de la República,
Sandra Morelli Rico.
Las voces en contra de la prórroga cada vez son mayores. Incluso legisladores de distintas orillas políticas coinciden con vehemencia en que la Nación saldrá ‘tumbada’ con la prórroga del contrato por 17 años más.
Según el mismo Gobierno, la mina ha tenido ventas por 21 billones de pesos en los últimos 30 años y solo le ha girado a la Nación regalías por 1,5 billones de pesos.
Al tiempo, desde la zona de explotación se levantan voces en contra de Cerro Matoso por su limitado aporte social, reflejado en las condiciones de extrema pobreza, y tomaron fuerza las denuncias de supuestos efectos nocivos de la explotación del níquel en el medio ambiente y la salud de los montelibaneses.
En ese contexto, el ministro Cárdenas Santamaría, en diálogo con Colprensa, dijo que no hay nada definido en cuanto a la prórroga y aceptó que ante tantas denuncias, el Gobierno está consultando a las autoridades competentes.
¿Por qué creció tanto la polémica por este contrato de concesión minera?
“Es el centro del debate de una negociación. En el contrato de 1996 se acordó que los dos contratos que terminan el 30 de septiembre de este año se incorporen a ese, que tiene vencimiento en el año 2029. Es una decisión que se tomó hace 16 años y desde ese momento hasta ahora nadie ha demandado la nulidad; como ministro tengo que presumir la legalidad; es sobre esa base que se construye esa negociación con Cerro Matoso, que tienen unos inamovibles”.
¿Cuáles son para usted esos inamovibles?
“Primero, que se aumente la contraprestación que recibe la Nación, es decir, una compensación adicional al 12 por ciento que pagan de regalías. Segundo, que haya un compromiso de inversión para que la producción de ferroníquel no empiece a caer, sino que se mantenga en los niveles actuales, porque si no se hacen unas inversiones para mejorar la tecnología en esa mina, la producción tendería a disminuir; y lo tercero es que se incorpore toda la normatividad posterior a la fecha en que se firmó el contrato de 1996”.
En inversión social Cerro Matoso destinará 1,5 millones de dólares, cifra que usted calificó como “una burla”, ¿de cuánto debe ser?
“Hemos dicho que no podemos seguir con esta situación tan contradictoria, de una generación de tanta riqueza, conviviendo con tanta pobreza. Allí se están generando 800 o mil millones de dólares al año, pero las condiciones de pobreza son realmente aterradoras. Entendemos que eso no se resuelve solo por vía de regalías, ni por la del Estado o lo público, se resuelve por la vía del compromiso social de la empresa”.
¿Y, entonces, qué le dijo a Cerro Matoso?
“Le dijimos que si va a haber una extensión del contrato, tiene que existir una cláusula social y ellos nos hicieron esa propuesta de un millón y medio de dólares… y eso nos parece inaceptable”.
Pero las directivas de la empresa, le respondieron que esa cifra sería el piso de inversión social…
“Entonces el piso tiene que subir, de lo contrario, se rechazará”.
¿En qué beneficia a las comunidades de Montelíbano y pueblos aledaños, la extensión del contrato 051?
“Mantener una empresa que genera cerca de 2.000 empleos, entre directos y contratistas, aporta una parte importante de las regalías del departamento, y es una gran compradora de insumos”.
Sobre las denuncias de enfermedades generadas por la explotación de ferroníquel, ¿cómo se va a garantizar que no se produzcan de aquí en adelante?
“En todos los temas tenemos que consultar a las autoridades competentes, para que verifiquen que se están cumpliendo los estándares, en lo ambiental, lo laboral, lo tributario y, obviamente, en salud. Es importante verificar si hay incidencia de enfermedades que puedan estar siendo relacionadas con la operación minera y que haya una explicación científica”.
Los integrantes de la Comisión Quinta del Senado no quedaron satisfechos con las explicaciones que les dieron en dos días de debate, ¿cómo va a superar las asperezas con el Legislativo?
“No creo que haya animadversión, el debate tenía un propósito: poner sobre la mesa toda la información, oír a la comunidad, los sindicatos, académicos, a la empresa y a otros sectores; eso se cumplió, fue un excelente debate. El escenario para terminar la negociación o para decidir qué se va a hacer, no era el Congreso”.
¿Cuál es el siguiente paso en la negociación con Cerro Matoso?
“Le corresponde ahora al Gobierno, en compañía de los entes de control, pasar a tomar una decisión, que le corresponde a la autoridad minera: la Agencia Nacional de Minería”.