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"EL MEJOR CÓDIGO DEL MUNDO"
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“EL MEJOR CÓDIGO DEL MUNDO”

Por MICHAEL REED HURTADO | Publicado el 1 de abril de 2013

El Gobierno presentó un proyecto de ley para reformar el Código carcelario y penitenciario (Ley 65 de 1993). El proyecto adiciona o modifica aproximadamente 80 artículos de una ley que ha sido y seguirá siendo letra muerta salvo que se adopten cambios reales en la manera como se conduce el sistema carcelario.

La reforma se presenta como la solución mágica a los problemas. La ministra de Justicia dice que esta reforma humaniza el sistema y garantiza la resocialización. El director del INPEC va más allá: con esta reforma, dice, Colombia tendrá "el mejor código del mundo".

Desafortunadamente, no es cierto lo que dicen. El enfoque del código vigente ya es resocializador y, más allá de las críticas que merece ese enfoque, la falta de humanidad en la cárcel no se debe a las normas, sino a la manera cómo son aplicadas (o desconocidas). Por su lado, el comentario del mayor general Ricaurte es una trampa retórica que busca tapar el sol con las manos. El sistema carcelario está a punto de reventar y las reformas legales propuestas no son la solución.

El código vigente tiene un articulito que todo el mundo ignora, pero que es la esencia del funcionamiento adecuado del sistema. Dice el artículo 34: "Cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, administrativo y de vigilancia que alberga y, contar con los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos".

No hay establecimiento de reclusión que funcione de acuerdo a este sencillo postulado. Hasta que esto no cambie, no hay código que aguante.

En relación con la reforma legislativa propuesta, espero que amplios sectores sociales participen en este debate, porque lo planteado no es tan bonito como se pinta. Me limito a señalar dos aspectos para contribuir a la discusión.

Primero: el proyecto de reforma profundiza la privatización como modelo de gestión de las prisiones. Además, de ratificar que la construcción y la administración la desarrollarán compañías privadas, el proyecto de ley da vía libre a la vigilancia privada como forma de control carcelario. El artículo 26 del proyecto cambia el régimen actual de vigilancia interna de los penales. Ratifica que sea el Cuerpo de Custodia y de Vigilancia el que esté a cargo, pero introduce una variación: "sin perjuicio de que por insuficiencia de personal o cuando la buena prestación de servicio así lo requiera se pueda acudir a la contratación de vigilancia privada". La fórmula es nefasta; convierte la vigilancia de los presos en negocio.

Segundo: la reforma traslada la responsabilidad de ejecutar la detención preventiva a los municipios y departamentos. El Gobierno Nacional se lava las manos y pretende anular con un brochazo su deber de ejecutar las medidas coercitivas procesales ordenadas por autoridad judicial. Justifica el cambio clamando conveniencia: si los entes territoriales quedan a cargo de los 40.000 sindicados con medida de detención, el sistema nacional no estaría hacinado. Esto es pensar con el deseo. Además, expresa que los entes territoriales ya tienen esa obligación, invocando normas (no vigentes) relativas al régimen de detención derivado de contravenciones de policía, no de infracciones a la ley penal. El traslado de la responsabilidad a los municipios colombianos es una fórmula para esparcir el problema, no para resolverlo.

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