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El Ministerio de Transporte dejará de pagar anticipos a los contratistas del país, porque los están gastando en menesteres diferentes a las obras que deben ejecutar.
Germán Cardona Gutiérrez, ministro de Transporte, aseguró ayer, durante el foro sobre el futuro de Urabá, que a cambio, ese despacho les pagará a los contratistas en la medida que haya avances en las obras.
La motivación de esta decisión se dio al conocer que el puente que comunica a los municipios de Valencia (Córdoba) y San Pedro de Urabá lleva un atraso superior al 60 por ciento, cuando debió entregarse hace dos meses.
Según el funcionario, la obra vale poco más de 8.000 millones de pesos, se le han entregado al contratista más de 6.000 millones y ha ejecutado cerca de 3.500 millones de pesos y hoy el viaducto está prácticamente abandonado.
"Uno va a diferentes regiones del país y encuentra que las obras o están atrasadas o abandonadas después de que se han entregado recursos. El Estado siempre cumple pero muchos contratistas, no todos, están haciendo quedar mal la ingeniería. Lo que vamos a tener que hacer es no volver a pagar anticipos, sino pagar por avance de obra".
De esa manera -indicó- cada contratista sabrá qué obra puede hacer, ya que muchos están construyendo proyectos muy grandes sin tener los recursos y sin la capacidad financiera.
"Que ellos mismos la midan o las entidades financieras que los van a apalancar", aseguró el funcionario, al añadir que se apoyará en el Estatuto Anticorrupción o en otras acciones legales para evitar este desangre a las finanzas públicas.
La afectación minera
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar también denunció irregularidades y se fue lanza en ristre contra la minería ilegal.
El jefe de la cartera agropecuaria aseguró que en la zona de Urabá y en otras regiones "se están saqueando los bosques naturales del país". Sostuvo que anualmente el ritmo de deforestación pirata o ilegal, supera las 350 mil hectáreas, el equivalente al total de los bosques reforestados con propósitos industriales y comerciales.
"Cada año le sacamos a la reserva forestal del país una cantidad de madera equivalente en hectáreas igual a todo lo que se ha sembrado en reforestación industrial y comercial. Descuido ambiental es que esté proliferando este saqueo del bosque natural colombiano. Descuido ambiental es lo que ha puesto sobre la mesa el ministro de Minas de esta entrega descuidada y desatinada de títulos mineros", declaró el ministro Restrepo Salazar.
En el caso de Urabá, denunció el funcionario que más del 82 por ciento de su territorio, de dos millones 420 mil hectáreas aptas para la actividad agrícola, se encuentra titulado en forma desmesurada, desordenada y en muchos casos, ilegal, con fines de explotación minera.
Los compromisos con la zona
El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien encabezó el foro, aseguró que desde el Gobierno hay un compromiso absoluto con el desarrollo de esta zona bananera, que es sinónimo de diálogo social gracias al compromiso entre los diferentes actores de la región.
Y mencionó que el reciente acuerdo laboral firmado entre Augura (el gremio de los empresarios bananeros) y el sindicato Sintrainagro es una muestra de que en la zona hay espacios suficientes para la reconciliación.
"El Gobierno quiere consolidar a Urabá como una región en progreso y de lo que se trata es de hacer un frente común entre los Gobiernos nacional, departamental, municipal, el sector empresarial, los sindicatos, para generar desarrollo", dijo el Vicepresidente.
Por su parte, el presidente de Augura, Roberto Hoyos Ruiz, aseguró que los proyectos del Gobierno para la zona bananera van en la ruta adecuada. Confió en el apoyo de varias carteras para acabar con flagelos como la pobreza y la desigualdad social que tanto daño le hace a esa región rica en producción agropecuaria y ganadera.