La complicada ecuación para lograr el nombramiento del próximo fiscal tiene ahora otra variable complicada: la entrada en vigencia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de guerra.
Ese tribunal investiga y enjuicia cuando la justicia nacional no puede, ya sea porque no tiene la capacidad, por problemas de corrupción o porque está maniatada por el gobierno.
Se podría pensar que ese no es el caso de Colombia, donde las altas Cortes, la Fiscalía y los jueces han empezado un proceso de modernización que les permitiría cumplir adecuadamente su labor.
Pues sí y no.
Pese a la renovación del sistema judicial, algunos de sus brazos siguen sin cumplir cabalmente su labor, por incapacidad, por corrupción o por estar maniatados por la oposición o el gobierno.
Independiente de si los Falsos Positivos se entienden como crímenes de guerra (caso en el que la CPI no tendría jurisdicción ya que ocurrieron antes de vencer la salvaguarda), esos actos podrían entrar dentro de la definición de delitos de lesa humanidad, entendidos como aquellos que atentan sistemáticamente contra los derechos de una sociedad civil.
La Corte tiene jurisdicción sobre ese tipo de delitos desde que se creó en 2002 y podría entrar a investigarlos en caso de que la justicia nacional no dé resultados concretos sobre el tema.
Si hasta ahora la CPI no ha llamado a nadie del país por esos hechos es porque está dejando que Colombia haga justicia por sí misma.
No es un secreto que la CPI, y en particular su fiscal Luis Moreno Ocampo, están siguiendo de cerca lo que pasa en la región, en especial en Colombia y Venezuela. Pero en América, únicamente Colombia está bajo "observación oficial" del tribunal internacional junto con otras seis naciones del mundo (Afganistán, Kenia, Costa de Marfil, Georgia, Guinea y Palestina).
Por eso es tan importante que la Fiscalía colombiana investigue y que los jueces nacionales dicten las sentencias que sean necesarias. De no hacerlo, estarían dejando abierta una puerta para que la CPI intervenga en el país.
De ahí que Uribe deba buscar un fiscal que tenga una imagen de independencia frente a su gobierno (cosa que no tenía Mario Iguarán), para hacer una investigación que produzca los siguientes resultados: que no meta en problemas al uribismo, pero que deje tranquila a la CPI.
Difícil ecuación.
De lo contrario, un fiscal realmente independiente conduciría una investigación a fondo en esa materia implicando, seguramente, a altos funcionarios del gobierno, incluido el Presidente Uribe.
El reto de quien resulte finalmente elegido será el de navegar por esa dualidad: asumir un cargo para el cual fue postulado por el Presidente, y hacer un trabajo serio para evitar la impunidad en relación con los Falsos Positivos. Si no lo logra, ahí estará la Corte Penal Internacional para hacerlo.
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Andy
Comentario realizado el 3 de noviembre de 2009 - 10:32
Lo que no me queda claro del autor es si se debe elegir un fiscal que le de gusto a todos? o uno que haga justicia independiente de quien sea la figura que se toque
pienso que en el tema de la justicia no debe haber aguas tibias o se hace o no se hace justicia.
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fabio
Comentario realizado el 3 de noviembre de 2009 - 08:00
Qué Dios lo oiga. Que llegue la Corte Penal Internacional lo antes posible a este país...
