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La hermana Laura Alicia Ríos Cardona recuerda que en el entorno del río Andágueda, en Bagadó, Chocó, conoció una "selva muy tupida", pero llegaron empresas mineras con moderna tecnología a buscar el oro de esas entrañas, y de aquella exuberancia sólo quedó lo que para ella es un desastre ambiental, moral y social, sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo.
La religiosa, que se desempeña como rectora de la Normal de Jericó, no quiere que en la zona cafetera antioqueña, su tierra, se repita una experiencia de las características que vivió en el Chocó durante 17 años, porque sabe que ya avanzan exploraciones en este territorio.
Su preocupación y la de sus paisanos, es que además de Jericó, el interés de inversionistas en minería, entre los que hay varias multinacionales, también se extiende a Jardín, Andes, Salgar, Pueblorrico, Tarso, Titiribí, Amagá, Fredonia, Támesis, Valparaíso, Caramanta. Eso significa que buscan esa riqueza en más de la mitad de los municipios del Suroeste.
En la mayoría de esas poblaciones se advierte un movimiento creciente de rechazo de la comunidad porque no tienen claro si los movimientos que observan en algunas áreas son de exploración o de explotación, frente al desconocimiento de las autoridades locales.
En el caso puntual de Jericó, sus líderes, agrupados en la Organización Foro Minero, tienen la certeza de que la alianza canadiense-africana entre las empresas B2 Gold y Anglogold Ashanti, ya posee cinco títulos mineros que comprenden un área de 7.600 hectáreas, denominado Proyecto Quebradona S.A.
La información fue suministrada por la propia empresa, durante un foro realizado el pasado 26 de mayo en Jericó, cuyos voceros precisaron que han realizado tareas de exploración consistentes en fase geoquímica, fase geofísica aérea y muestreo de suelos. Actualmente desarrolla actividades de perforación como fase previa a la declaración de mina.
Para los líderes del Foro, la posibilidad de explorar y explotar en 7.600 hectáreas tiene consigo el peso de representar el 50 por ciento del territorio del municipio.
Un ingeniero geólogo experto en minería que conoce el proyecto sostiene que inevitablemente va a traer una modificación del paisaje, un efecto en las redes hidrográficas y en las dinámicas sociales, porque una cosa es el territorio con campesinos tradicionales y otra con mineros.
Sin ahondar en las especulaciones que pueden significar las cifras, sostiene que para sacar un kilo de oro de la tierra se requiere carcomer, movilizar y moler entre 100 y 200 toneladas de roca en un día.
Y a la vez, asegura, va a demandar gran cantidad de agua agregada al proceso, que se tomará de las fuentes disponibles en el entorno, que se va a contaminar con los sedimentos más finos producidos en la trituración.
Esto sin considerar las toneladas de cianuro o mercurio necesarias para la extracción final del oro, cuando se trata de este mineral, y el uso de explosivos para remover las rocas.
El secretario de Minas de Antioquia, Nicolás López, admite el interés de inversionistas y de compañías nacionales y extranjeras en la zona, pero asegura que los títulos concedidos en el Suroeste para oro no son el grueso y "de hecho es la menor parte".
Pero señala que a ese interés no hay que temerle porque lo que se viene son labores de exploración, en las que se hace recolección de muestras, perforación con taladros para sacar testigos, que son bocados de tierra para enviar a un laboratorio y establecer la concentración de oro y minerales.
Frente a los temores, sostiene que la comunidad debe conocer sus derechos, saber que existen áreas restringidas, que la autoridad minera hace recortes de zonas de páramos y parques nacionales, determinadas por el gobierno nacional, mientras que las corporaciones tienen la autonomía de crear reservas y zonas de amortiguamiento.
"El hecho de tener un título de minería no quiere decir que se puede proceder a arrasar, atropellar y pasar por encima de todo el mundo", advierte, aunque existen servidumbres obligatorias, pero que los particulares pueden pactar con los titulares mineros de acuerdo a los usos tradicionales de la tierra. Y de no llegar a un acuerdo, señala que existe una instancia ante los alcaldes.
Y ante el reclamo de la comunidad de falta de procesos de socialización, plantea que su dependencia no tiene esa obligación y si fuera política del Departamento no contaría con los recursos.
López enrostra que se han hecho muchas convocatorias y la apatía de las administraciones, incluso de la comunidad, ha sido grande para recibir capacitación en normatividad minera y los alcances de una explotación.