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En emergencia se declaró la Policía Nacional para atender los delitos de mayor impacto como el homicidio, el atraco y el fleteo, que según los alcaldes de varias capitales se han incrementado.
La decisión la tomó el director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo, durante el encuentro entre comandantes de la institución, gobernadores y alcaldes de las áreas metropolitanas, realizado en Medellín.
En él los mandatarios coincidieron en su malestar por los problemas en la judicialización de capturados que quedan en libertad a pesar de haber sido capturados en flagrancia.
Por ejemplo, el alcalde de Itagüí, Gabriel Jaime Cadavid, señaló que el sábado pasado un joven miembro de un combo fue capturado. El martes, se dio cuenta que había sido liberado porque la Policía lo capturó de nuevo por su presunta participación en un homicidio.
A los alcaldes también los preocupa el poco pie de fuerza con el que cuentan y mandatarios como el de Envigado, Diego Gallo; Itagüí; y la alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, señalaron que están dispuestos a separar partidas presupuestales para garantizar el pago de los uniformados.
Atacar a los jíbaros
La criminalidad asociada al consumo de drogas es otro problema que, según el ministro del Interior, Fabio Valencia, debe atacarse.
Reiteró la importancia de imponer penas más fuertes a los jíbaros (expendedores minoristas) y manifestó su inconformidad por la permisibidad con la que -en algunos casos- las autoridades, enfrentan el tema.
El general Naranjo indicó que dentro de la estrategia para enfrentar los delitos de mayor impacto está la "lucha frontal contra el microtráfico y los expendios de alucinógenos en los principales centros urbanos".
El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Vargas, pidió al Ministro buscar mecanismos para agilizar la extinción de dominio a las casas de vicio como estrategia para frenar esta modalidad delictiva.
Otra preocupación es el porte de armas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, insistió en la importancia de que en su ciudad el 89 por ciento de los homicidios son con armas de fuego y el 90 por ciento de ellas son de fabricación industrial.
Por eso reiteró la necesidad de controlar el mercado negro que, en su mayoría proviene de países donde se venden de forma legal o son compradas en Colombia a través de Indumil (Industria militar).