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Está probado que autodefensas, guerrillas, agentes estatales y grupos criminales son los principales responsables de la desaparición forzada en Colombia. Una práctica que comenzó silenciosa, como estrategia dentro del conflicto armado y se extendió como arma de terror, pero solo se tipificó penalmente hasta el año 2000.
Lo que no se sabe es el paradero de esas víctimas que fueron asesinadas y sepultadas en zonas rurales remotas, arrojadas a ríos, desmembradas y sus cadáveres quemados para no dejar rastro, ni del desaparecido ni de su victimario.
Lo dice
Teresita Gaviria, presidenta de la Asociación Madres de la Candelaria, que tiene afiliadas a 882 familias reclamantes de 1.100 personas desaparecidas por todos los actores del conflicto. Ella ha trasegado por 15 años en esa búsqueda sin descanso y aún no encuentra señales de su hijo, un hermano y un sobrino desaparecidos.
"Aunque ahora hay más comprensión, los familiares de víctimas sufrimos mucho por la falta de solidaridad de la sociedad, del Estado y las autoridades que no fueron diligentes para investigar las desapariciones, encontrar a los desaparecidos ni hallar a los responsables", recuerda Gaviria.
También cuenta que "los funcionarios nos cerraban las puertas, se molestaban con nuestra insistencia y hasta la gente nos recriminaba por que reclamábamos por nuestros parientes, que algo debían si habían sido asesinado o desaparecidos".
Ese drama de los desaparecidos y la evolución de esa práctica, que hoy es considerada un grave delito de lesa humanidad, se plasma en el informe ¿Dónde están los desaparecidos?, elaborado por el Centro de Memoria Histórica.
Después de su lanzamiento en Bogotá, el estudio fue presentado ayer en Medellín como parte de los eventos de la Semana Internacional contra la Desaparición Forzada. El tema cobra interés, puesto que Antioquia es la región con más víctimas registradas de este delito. El departamento tiene el 24 por ciento de las desapariciones forzadas reportadas. Los municipios más afectados han sido Medellín, Turbo, Puerto Berrío, Apartadó y Tarazá.
El segundo departamento que registra más casos es el Valle del Cauca, con un 7 por ciento, y Meta, Nariño y Putumayo, con un 6 por ciento.
El informe del Centro de Memoria Histórica recoge 13 casos de desaparición forzada ocurridos en Colombia entre 1977 y 2011 para visibilizar una tipología diferente vista desde los victimarios, las víctimas, los tipos de desaparición y las respuestas del Estado.
Según
Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, el estudio busca poner a los ojos de toda la sociedad e institucionalidad colombiana, la forma de victimización más atroz y la más invisible que ha existido en la historia del conflicto colombiano.
Sánchez advierte la preocupación por la dimensión del flagelo en Colombia. "Si sumamos todos los desaparecidos de las dictaduras del Cono Sur, tenemos casi la tercera parte de las cifras que hemos registrado en Colombia". Y agrega que "a pesar de las cifras exorbitantes, en Colombia no hay conciencia social y por eso este estudio busca visibilizar el delito y a las víctimas de la desaparición, con las que la sociedad y el Estado tienen una deuda histórica".
Casos fuera del conflicto
Una de las problemáticas para enfrentar el flagelo, según concluyó el Centro de Memoria Histórica, es que las cifras sobre este delito no están construidas y se encuentran fragmentadas, motivo por el cual los datos no son confiables en muchos casos.
"Por un lado porque los funcionarios del sector público, los agentes privados y los actores armados no han asumido su responsabilidad histórica ante las víctimas ni ante la sociedad por los hechos de violencia ocurridos. Y de otro lado, la impunidad se relaciona también con el hecho de construir versiones "oficiales" de lo que pasó negando los relatos, la voz de las víctimas y su memoria histórica de los acontecimientos, además de encubrir los hechos", explicó
Gonzalo Sánchez.
Las cifras cambian de un organismo a otro. Mientras el Sistema de Información de Desaparecidos de Medicina Legal reporta cerca de 21 mil casos, la Fiscalía registra unos 26 mil, en tanto que en la Unidad Nacional de Reparación a Víctimas hay denunciados unos 31 mil casos por desaparición forzada.
El estudio también revela que 813 de los más de 1.000 municipios colombianos han sufrido la desaparición forzada desde 1971, con años especialmente turbulentos como 2001 y 2002, cuando impactó en más de 400 pueblos frente a los 91 afectados en 2012.
Sin embargo, los casos de desaparición forzada no solo han ocurrido durante el conflicto armado. En estos graves delitos, que afectan a toda una sociedad, también las organizaciones criminales son responsables. Según las autoridades, los dos puertos de la costa del Pacífico, Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño) —donde el conflicto entre bandas criminales y narcotraficantes sigue vigente— son los municipios donde más se han incrementado las desapariciones forzadas en el país.
También es una práctica que se presenta en ciudades como Medellín y Cali en medio de la disputa de combos delincuenciales.
En los últimos cuatro años (2010-2013), de acuerdo con la Personería de Medellín, se denunciaron las desapariciones de 2.526 personas. Aparecieron vivas 1.017 y 147 muertas. Pero 1.272 personas siguen desaparecidas en el Valle del Aburrá.