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La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno Nacional expresaron su preocupación ante la posibilidad de que más de 17.000 exparamilitares retomen las armas tras el fallo de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el principio de oportunidad.
El alto tribunal tumbó el martes pasado una ley aprobada en 2009 por el Congreso que permitía suspender todas las causas penales contra los paramilitares rasos que entregaron sus armas en el proceso de paz, impulsado entre 2003 y 2006.
En un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA indicó que respeta la decisión, pero al tiempo "expresa su preocupación por la situación jurídica de miles de desmovilizados de las Auc".
Incertidumbre jurídica
Distintos analistas lanzaron la alerta frente a lo que pueda pasar con los 17.000 desmovilizados y le solicitaron al Gobierno presentar de inmediato un proyecto de ley para garantizarles un piso jurídico a los excombatientes.
Para Alejandro Éder, alto Consejero para la Reintegración, la decisión de la Corte Constitucional debe respetarse y acatarse. Sin embargo, el funcionario manifestó que "desde hace varias semanas venimos buscando alternativas legislativas y próximamente estaremos presentándolas".
"Esto es una dificultad, pero la mejor defensa para las personas que se desmovilizaron de manera colectiva en las Auc y que están en el proceso de reintegración, es que sigan participando", explicó Éder.
Según la Alta Consejería para la Reintegración, en el último mes se produjeron 64 medidas de aseguramiento contra desmovilizados. Por eso el despacho tuvo que presentarle a distintos fiscales las pruebas que demostrarán que los detenidos "participan de manera satisfactoria del proceso y no representan un peligro para la sociedad. De las 64 se han revocado 58", aseguró Éder.
Por ahora la decisión de la Corte Constitucional deja sin respaldo jurídico a los exparamilitares rasos.
El asesor de paz, Jaime Jaramillo Paneso, explicó que el fallo pone a los desmovilizados a las puertas de la cárcel o del delito.
"A penas se sientan perseguidos por la justicia van a engrosar las bandas y los combos. Ellos no se van a exiliar, esta gente lo que va es a pelear", dijo Panesso, quien le pidió a la Corte "pensar que este no es solo un problema jurídico sino un problema político con graves consecuencias".
Esta posición la comparte el exconstituyente Jaime Fajardo Landaeta.
"Esto es muy preocupante para una ciudad como Medellín donde se presentaron estas desmovilizaciones. Es necesario que el Gobierno, de manera inmediata, presente un proyecto de ley que se tramite con carácter de urgencia en el Congreso. Si no se le pone cuidado a esto el programa de reinserción se viene a pique", confirmó Landaeta.
El principio de oportunidad
Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el principio de oportunidad "es una figura de discreción que tiene la justicia colombiana para decir si persigue penalmente o no a las personas de acuerdo al delito que han cometido. Por lo general, se aplica a delitos de menor monta, donde el daño a la víctima y a la sociedad es menor".
"La Corte Constitucional, con esta decisión, dijo que si bien esta figura es correcta en el orden penal colombiano, no puede ser utilizada para miembros de las Auc, en la medida que su pertenencia al grupo implica que han participado en la comisión de un delito muy grave y, por lo tanto, deben ser procesados por otro mecanismo", explicó Michael Reed, director del ICTJ.