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El canje de favores entre Gobierno, altas cortes y congresistas, aprobado en la reforma a la Justicia y que desató la furia de los colombianos, tumbó ayer al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra , quien presentó renuncia irrevocable a su cargo ante el presidente, Juan Manuel Santos.
"Episodios de los últimos días no permiten, porque iría en contra de mis principios si yo continuara adelante", dijo Esguerra al despedirse del gabinete santista. "Tengo claro que a los funcionarios públicos y a los funcionarios de Gobierno nos corresponden responsabilidades políticas y en este caso esos mismos principios me implican que yo debo asumirlos, que es lo que ha determinado que le presentara, con carácter irrevocable, mi renuncia al señor Presidente de la República", agregó.
La salida de Esguerra fue calificada por analistas políticos como un acto que se veía venir e incluso, esperan otros.
Así lo manifestó la directora de Excelencia en la Justicia, Gloria Borrero, quien acompañó todo el proceso de la reforma a la Justicia,, "esta es la primera de muchas renuncias que se ven venir por esta razón. Lamento que haya sido Esguerra, pero que es una lección de gallardía, al asumir la responsabilidad política del suceso".
Limbo jurídico
De hecho, los orangutanes que le montaron a la reforma son de tal tamaño que el debate sobre su futuro se convirtió ayer en una suerte de galimatías jurídico. Ilustres constitucionalistas se contradecían unos a otros. Hecho contrario sucedía entre el pueblo raso que estaba plenamente identificado en un rechazo general a un proyecto que le vendieron para una pronta y cumplida justicia, pero que terminó en un decálogo de gabelas para congresistas, magistrados y la propia Presidencia de la República, pues según el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez , con la reforma se pasaba de un régimen democrático a uno autocrático.
Interpretaciones para todo
Dentro de la pléyades de expertos constitucionalistas, sus interpretaciones sobre el futuro de la polémica reforma eran abiertamente contradictorios. Mientras para unos, Santos estaba resolviendo con un exabrupto jurídico con otro exabrupto normativo, otros sostuvieron que su posición era inteligente y que optó por el único camino que le daba la Constitución.
Quién sí acogió la propuesta de Santos fue el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria , el mismo que ayer en la mañana indicó no saber lo que había firmado y pedía perdón al país por su error negligente. Gaviria devolverá el artículado a la Cámara y ésta, al parecer, se lo archivará.
"Pediré que cuando se tramiten las objeciones, el Congreso archive el proyecto, dado que las circunstancias ocurridas en los últimos días le generan una serie de discusiones sobre vicios en su trámite, que de insistir en su aprobación lo único que nos dejaría es en un debate jurídico lleno de incertidumbres", indicó el representante.
La próxima semana Gaviria se reunirá con Juan Manuel Corzo , presidente del Senado, para determinar qué hacer con la reforma a la Justicia.
"Error garrafal"
Para el exmagistrado, Jesús Vallejo , tal salida es un atentado a la Constitución y la ley.
"El Gobierno no puede hacer cosa distinta de ordenar la publicación, sino lo hace, está incurriendo en un delito y es posible obligarlo a que publique mediante una acción de cumplimiento (...) El Presidente está cometiendo un error garrafal, no tiene esas atribuciones, pretende lavarse las manos cuando dice eso. El Congreso no lo puede revocar, lo único que puede hacer es iniciar un nuevo trámite de acto legislativo para revocar este que se aprobó. Pero éste ya estaría en vigencia".
La Corte Constitucional en jurisprudencia de 2008 avala la posición de Vallejo: "Los actos legislativos mediante los cuales el Congreso reforma la Constitución no requieren de sanción presidencial, porque las decisiones de la voluntad constituyente no pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún poder constituido, salvo la competencia estricta y precisa atribuida a la Corte para efectos del control formal", señala uno de los apartes de la sentencia.
Agua sucia sin dueño
Desde que se aprobó la conciliación de la reforma, no hay quien quiera ser el doliente del agua más sucia que se ha tirado durante el periodo presidencial de Santos.
Congresistas, ministros y hasta el mismo Presidente se quieren lavar las manos.
Tratando de mitigar lo ocurrido, el presidente Santos, en alocución el jueves en la noche, planteó que "los congresistas hicieron los cambios que a bien tuvieron, y solo le informaron al Ministro de estos después de 10 horas de discusión, cuando ya, por razones de tiempo, había muy poco por hacer".
Para Néstor Raúl Correa , presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, difiere de la posición presidencial y señala que el Gobierno tiene igual de culpa que el Congreso.
"Es como darle a un niño un pastel de chocolate y decirle que lo cuide. El Congreso no tuvo la autocontención y autorregulación y se embriagó con el poder fácil que da un reforma", señaló Correa.
Además, la reforma a la Rama Judicial es una de las banderas del gobierno Santos, por lo que suena paradójica la posición oficial. Cabe recordar, que como ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras retiró la reforma que había presentado el saliente gobierno del expresidente Álvaro Uribe y presentó un nuevo proyecto de reforma con el que trató de "mitigar" los entre el Ejecutivo y las altas cortes.
Fuentes: elcolombiano.com y Corporación Excelencia en la Justicia.