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La posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia profiera una sentencia condenatoria en el caso de las ‘chuzadas’ ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, llevaría a que el Estado reconozca su responsabilidad en las mismas y concilie con las víctimas del escándalo.
Así lo está evaluando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado quien, tras la supresión del DAS, quedó a cargo ese tema de las interceptaciones. Su directora, Adriana Guillén, explicó que una condena de la Corte sentaría un precedente para que el Estado pierda en los procesos de que cursan en el Consejo de Estado y que han interpuesto las víctimas como Gustavo Petro y Piedad Córdoba.
“Si la Corte condena al Estado, eso se suma una serie de elementos que nos van a llevar a que podamos perder en el contencioso administrativo. Lo que hay que mirar son todos los elementos de cada una de las víctimas y mirar qué tan probado está el daño”, indicó.
Guillén explicó que hasta el momento hay demandas individuales que alcanzan más de 13 mil millones de pesos y por eso será necesario evaluar cada caso en particular para determinar si hay lugar a conciliar.
“Hay que revisar qué nos dicen los hechos, qué establecen las líneas jurisprudenciales y en ese momento la agencia evaluará si es posible hacer una conciliación con las posibles víctimas de las interceptaciones ilegales”, señaló.
Así, explicó Guillén, si se llega a conciliar, la Agencia buscará que se haga dentro de los topes máximos que ha fijado el Consejo de Estado en materia de indemnizaciones que no sobrepasan los 100 salarios mínimos legales vigentes.