A PESAR DE que la multinacional bananera admitió haber entregado 1,7 millones de dólares a un grupo terrorista, ninguno de sus directivos ha respondido penalmente ante la justicia ni ante las víctimas colombianas.
La Fiscalía no se explica por qué los acuerdos de colaboración judicial entre Colombia y Estados Unidos no se están aplicando para el caso contra la multinacional bananera Chiquita Brands.
Desde hace seis meses el Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, le está rogando a la oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de ese país para que le consiga los nombres completos, las fechas de nacimiento y los números de seguridad social de 22 funcionarios de alto nivel que trabajaron en Chiquita entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2004.
Ni una sola respuesta. "A través de la oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía se ha reiterado en dos oportunidades a la Secretaría de Estado pidiéndole que nos respondan esa asistencia judicial. No sé qué pueda estar sucediendo con las directivas americanas pero uno aspiraría a que esto tuviera una respuesta inmediata", explica Darío Garzón Garzón, el fiscal que está investigando el caso.
Algunos más suspicaces consideran que algo tendría que ver el hecho de que el actual Fiscal General de E.U., Eric Holder, es el mismo abogado que representó a Chiquita en el proceso penal ante el Tribunal del Distrito de Columbia y que se resolvió con una negociación en la que la empresa debió desembolsar 25 millones de dólares como multa a cambio de un acuerdo de confidencialidad.
Este pacto ha sido la principal talanquera para que el único proceso penal que se adelanta contra Chiquita no haya avanzado mucho.
Que expliquen los pagos De la información que E.U. no ha entregado depende si la Fiscalía cita a estos funcionarios a indagatoria, les libra orden de captura o los solicita en extradición para escuchar sus explicaciones.
Luego se les resolvería su situación jurídica (si se les dicta o no medida de aseguramiento) junto con los 12 funcionarios colombianos que ya están vinculados a la causa.
"Ya las directivas de Colombia están indagadas pero ellos lo que dicen es que cumplían directrices de Cincinnati, es decir, que presupuestalmente ellos no podían hacer nada diferente de lo que les dijeran desde Cincinnati", explica Garzón.
Por eso "necesitamos oír a las directivas de allá para ver por qué tomaron la decisión de darle la orden a las de Colombia para que pagaran, si es que llegaron a algún acuerdo previo con las Auc", aclara el fiscal.
Los vinculados Hasta el momento los únicos vinculados al proceso contra Chiquita Brands son 12 directivos de las filiales locales Banadex y Banacol, entre ellos Reinaldo Escobar de la Hoz, Álvaro Acevedo, Víctor Buitrago, Jorge Cadavid Marín, Víctor Manuel Henríquez, Javier Ochoa Velásquez, Juan Diego Trujillo Botero.
En la mira de la Fiscalía están los directivos estadounidenses y en la mira de las víctimas algunos militares, empresarios y el mismo Presidente de la República.
Esta semana el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que representa a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como parte civil en este proceso, solicitará que sean vinculados Álvaro Uribe Vélez y el general (r) Rito Alejo del Rio, pues eran las máximas autoridades en Urabá para la época en que Chiquita realizó los pagos a las Auc.
"Este era un plan integral que buscaba supuestamente la pacificación de Urabá y de allí tienen que desprenderse responsabilidades civiles y penales de las principales autoridades en esa época", comenta el Colectivo.
Entre tanto, la Corporación Jurídica Libertad, que representa a un particular que se constituyó también como parte civil, solicitará que sean vinculados empresarios antioqueños como Juan Felipe Gaviria, Guillermo Gaviria Echeverry, Nicolás Echavarría Mesa, Sergio Restrepo Londoño y Luis Fernando Arango; todos miembros en algún momento de junta directiva de Uniban.
Contexto
Doce años y nada de justicia
Entre los años 1997 y 2004 la multinacional bananera Chiquita Brands le giró a las Auc una suma cercana a los 1,7 millones de dólares. El mecanismo se basaba en falsas cuentas de contabilidad utilizando figuras de incrementos salariales a los empleados de Colombia.
Chiquita admitió su conducta ante un tribunal de E.U. y el 17 de septiembre de 2007 éste le impuso una multa de 25 millones de dólares pagaderos a cinco años. Ese mismo año se abrió en Colombia un proceso penal en su contra por el delito de concierto para delinquir con fines de promover y financiar a grupos armados al margen de la ley, entre otros.
En E.U. esta empresa enfrenta 10 demandas civiles.
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Por las implicaciones políticas, será el Fiscal General de la Nación el encargado de decidir si los directivos de Chiquita Brands en Estados Unidos son solicitados o no en extradición, o si se les libra o no orden de captura.
La República
