Expresidente Uribe reitera que hay falta de garantías para los exfuncionarios de su Gobierno

Críticas a la Corte Suprema

Así mismo, en su comunicado, hizo una crítica a la Corte Suprema de Justicia al indicar que "mantuvo ilegalmente un fiscal encargado por cerca de año y medio, todo con el propósito de actuar contra nuestro Gobierno" y de paso se refirió a la prórroga para elegir fiscal. "En decisión, que da mal ejemplo a los jueces, manipuló su propio reglamento por razones políticas y sin recato legal, eligió fiscal, con el mismo número de votos que consideró insuficientes cuando votó por la terna que nosotros presentamos de acuerdo con las normas jurídicas".

Finalmente se pregunta lo siguiente: "Qué garantías puede haber cuando pesa el testimonio del delincuente y se desestima él del funcionario probo sujeto a perjurio; qué garantías puede haber cuando medios de la prensa nacional pretender determinar los fallos y unos magistrados los complacen".

Texto del comunicado del expresidente Álvaro Uribe

"La República de Panamá, al mantener el asilo concedido a María del Pilar Hurtado, emitió a través de su Cancillería un comunicado con prolijo recuento de su tradición de respeto a esta institución; recordó las normas internacionales, entre ellas aquella del sistema interamericano que consagra el derecho de las personas a buscar esta protección cuando son perseguidos por delitos políticos o comunes conexos con estos.

Personas colombianas, que no han explicado sus lazos con la guerrilla, con torvo ánimo de perseguir a la asilada, se han atrevido a desafiar la soberanía de Panamá y a amenazar sus instituciones.

Estas mismas personas han participado en Colombia en lo que podríamos llamar la fabricación de delitos que imputan a María del Pilar Hurtado. Esta exfuncionaria intervino con pulcritud en varios gobiernos y sin cometer delito, siquiera político, es víctima de persecución en nuestro país. Aquí cabe recordar que el asilo debe beneficiar al delito político o a sus conexos o al ciudadano perseguido, que por razones políticas, se le imputan delitos en los cuales no ha incurrido, como es el caso de María del Pilar.

Cuando empezó nuestro Gobierno en 2002, el doctor Álvaro Leyva era beneficiario de asilo en Costa Rica. Nosotros nunca pedimos extradición. Y preocupa que mientras se pide la extradición de María del Pilar Hurtado, no hay noticias de que el Gobierno y la fiscalía adelanten gestiones para traer de Venezuela y Argentina a prófugos, condenados por graves delitos, como García el ex empleado del Das, o Meneses, ex integrante de la policía, que estuvo al servicio del narcotráfico.

Debo recordar la falta de garantías judiciales para mis compañeros de Gobierno. La Corte Suprema de Justicia mantuvo ilegalmente un fiscal encargado por cerca de año y medio, todo con el propósito de actuar contra nuestro Gobierno. En decisión, que da mal ejemplo a los jueces, manipuló su propio reglamento por razones políticas y sin recato legal, eligió fiscal, con el mismo número de votos que consideró insuficientes cuando votó por la terna que nosotros presentamos de acuerdo con las normas jurídicas. La Corte exigía penalista que lo había en nuestra terna y sin embargo, ignoró su requisito cuando se trató de la componenda política. Además, sin controvertir la veracidad de los hechos, desestima las pruebas contra aliados de las Farc aduciendo formalidades inaplicables en operativos legítimos contra el terrorismo.

Los colombianos no deben olvidar la solvencia e independencia de nuestros ternados: Gómez Gallego, expresidente de la Corte a quien ocasionalmente yo había visto; Marco Velilla, Consejero de Estado, ex funcionario del Presidente Betancur, ajeno a mis lides políticas y con amistad, no cercana, derivada de Antioquia; y Margarita Cabello, funcionaria de Procuraduría, de reconocida trayectoria en el Caribe y a quien yo no conocía.

Qué garantías puede haber cuando pesa el testimonio del delincuente y se desestima él del funcionario probo sujeto a perjurio; qué garantías puede haber cuando medios de la prensa nacional pretender determinar los fallos y unos magistrados los complacen.

Una reflexión: es tan grave para el Estado de Derecho coartar la libertad de los medios de comunicación como que estos pretendan usurpar a la justicia y esta les haga juego en actitud de connivencia".