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Un nuevo choque de trenes se acaba de presentar entre dos pesos pesados del Estado. Se trata del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y la Contralora General, Sandra Morelli, todo por cuenta de un proceso administrativo sancionatorio que un delegado del ente de control fiscal le abrió a Montealegre.
Y es que el Fiscal General tiene la condición de aforado; es decir, que en caso de ser investigado debería serlo por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, y no por otro organismo.
El caso está relacionado con una investigación del ente de control fiscal que cuestionó la entrega tardía, por parte de la Fiscalía, de un informe correspondiente al último trimestre de 2012.
Montealegre le indicó por medio de una tutela a la contralora que "no tiene competencia" para investigarlo, y resaltó que los sustentos de la acción fiscal en su contra "son argumentos jurídicos absurdos".
En medio centenar de páginas Montealegre critica las razones por las cuales un subalterno de Morelli, el contralor Rafael Enrique Romero Cruz, lo requiere desde el 23 de mayo de 2013, vulnerando -dice- sus derechos a la autonomía e independencia de poderes, debido proceso e igualdad.
"Es irrazonable la interpretación según la cual en materia de control fiscal, el Fiscal General no tiene fuero, y en consecuencia debe ser procesado directamente por la Contraloría General de la República", dice Montealegre.