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"No estoy negando, ustedes ya saben a quién cogieron, no hubieran venido por aquí si no estuvieran seguros", respondió, vencido, "Carlos Pesebre", rodeado por comandos de Policía, cuando estos le exigieron que se identificara.
Esa captura del pasado martes en la finca hotel Río Manso, en el municipio de Urrao, fue el preludio para el destape de un expediente con un gran prontuario criminal en la ciudad: el de la "Odín Robledo" (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), un grupo que comenzó vistiendo el camuflado de las Autodefensas y luego mutó a la mafia de "la Oficina".
Durante las audiencias de control de garantías, la Fiscalía 27 de la Unidad contra las Bandas Emergentes reveló las declaraciones de unas 15 víctimas y el registro de diversas investigaciones adelantadas contra los cuatro capturados en el allanamiento: Freyner Alfonso Ramírez García ("Carlos Pesebre"), Luis Aníbal García Gómez ("Maicol"), Javier Ventura Marín Álvarez ("Tatú") y su primo Andrés Felipe Álvarez López ("Andresito").
Dentro de las revelaciones en el estrado del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, la Fiscalía hizo énfasis en una que involucra a decenas de funcionarios públicos: "Miembros de la Policía, el Ejército, CTI, fiscales, Sijín, empleados de la Rama Judicial han trabajado para ‘Carlos Pesebre’, tal es el grado de corrupción que genera esta organización".
Luego leyó el correo enviado por un informante al que le dio credibilidad, según el cual "‘Pesebre’ es el patrón de los policías en Medellín". Agregó que al parecer los sospechosos usan cédulas a nombre de terceros obtenidas en la Registraduría, incluso al buscar en esa entidad "la tarjeta alfabética del señor Freyner no aparecía".
Y el 17/11/05 un juez, al parecer, le alteró un proceso penal para que no figurara con hurto de hidrocarburos, sino con porte de estupefacientes.
A la banda se le atribuye el control de válvulas clandestinas para extraer combustible del oleoducto de Ecopetrol que atraviesa el occidente de la ciudad y pasa por áreas de dominio territorial de los ilegales, como Aguasfrías, San Cristóbal y Altavista.
Un exmiembro del clan, quien era encargado del tráfico de hidrocarburos, detalló al organismo judicial cómo funcionaba el proceso: "Maicol", "Tatú" y otros administraban válvulas para drenar el ducto, luego el combustible era envasado en canecas y transportado en buses de servicio público de una reconocida empresa. Por ese transporte se pagaban $4 millones.
Los buses eran escoltados, según la denuncia, por cuatro policías a bordo de dos motos oficiales, quienes recibían $500.000 cada uno por el recorrido desde la glorieta de Don Quijote hasta Calasanz, donde menores de edad expendían el producto.
Esta confesión le costó caro al exmilitante, quien fue desplazado de su vecindario por querer dejar la banda, según la Fiscalía. Le mataron a un abogado y torturaron a algunos familiares para que delataran su paradero y a una sobrina la raparon.
El 24/3/11 "Andresito" y tres sujetos lo ubicaron en una obra en la que trabajaba, pero este huyó saltando un muro y hoy es testigo protegido.
Sicariato
Del expediente judicial se extrae que uno de los primeros homicidios atribuidos a la estructura fue el del médico Jaime Posada (03/1/97).
Una testigo relató al ente acusador que "Pesebre" y Carlos Arturo Suárez invadieron ese día su casa con la ropa ensangrentada y le dijeron que no abriera la puerta porque acababan de matar a alguien.
Según la narración, Suárez (alias "Califa") fue capturado y se atribuyó él solo el crimen, para dejar en limpio a su patrón, por lo que pagó 10 años de prisión.
Al salir trabajó de contratista para la Secretaría de Gobierno, (2007) como mediador en conflictos de combos dentro de un programa de paz y convivencia, pero el 30/6/07 la misma organización, al parecer, lo asesinó junto a su novia en el barrio Los Colores.
Y no habría sido el único integrante liquidado, presuntamente, por sus antiguos compañeros. "El Meca" (exfuncionario del DAS, 16/7/05), "Jaimico" (05/2/12), "Chino" y "Gallinazo" (08/5/09), "Saya", "el Negro Elkin" (cabecilla de "la Oficina", 26/9/08), entre otros, fueron cazados "porque ya no les sirven", aclaró la fiscal.
Uno de los asesinatos más sonados que se le endilgan al grupo de capturados es el del paciente guatemalteco Roberto Leonel Hernández, ejecutado en la clínica Las Américas (06/2/09) por mercenarios disfrazados de médicos.
Otro es el doble homicidio de dos jóvenes en Aures (11/3/13), al parecer, porque no se dejaron reclutar; el de la líder social Judith Vergara (23/4/07); y el que generó el rechazo general de la sociedad paisa: el rapto, tortura, mutilación y entierro de dos niños de 11 años, residentes de la comuna 13 (16/2/13). Por este caso hay una orden de captura contra "Maicol", como supuesto autor intelectual, quien próximamente será citado a esa audiencia.
También trascendió en la diligencia que García tiene una condena pendiente de 11 años y 3 meses por un homicidio de 2003, proferida por un juzgado de Bello.
Muchos de esos "trabajos" serían realizados por jóvenes entrenados en una finca de Guarne. Un exmilitar apodado "Jotalibán", cabecilla de la facción en Robledo, se encarga del adiestramiento y la distribución de fusiles AK-47, según la información en poder del ente investigador.
En la audiencia, Freyner Ramírez escuchó cuando la funcionaria lo señaló de emplear dos identidades falsas en sus viajes (uno de ellos a Ciudad de México): Diego Gómez y Carlos Bucharat Mejía, esta última al parecer usurpada a un hombre asesinado en 2008 en el barrio Antonio Nariño.
Un desmovilizado contó que el cabecilla recibió una vez $5.000 millones por el secuestro de una mujer, cuyo cadáver fue hallado en la maleta de un carro.
Otras víctimas, muchas de ellas milicianos, habrían sido enterradas en el sector La Arenera de la Comuna 13.
La plata o la vida
Dentro de las fuentes de financiación de la "Odín Robledo", que según la Policía integran unos 200 hombres, está la extorsión a cualquier actividad que huela a comercio.
Las víctimas denunciaron que en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16, y en los corregimientos Altavista y San Cristóbal, vacunaban con $15.000 semanales las máquinas tragamonedas, $35.000 a los buses, de $500.000 a $800.000 mensuales a los parqueaderos y $1 millón a los ingenieros por cada construcción en la zona.
La banda presta el "servicio" de cobranza por deudas superiores a $5 millones, aunque a veces los propios clientes salen estafados, y también se dedica a la venta de un mismo lote varias veces (estafa).
En este acápite, la Fiscalía citó el caso de una pareja dueña de dos locales de expendio de cerveza frente a la Universidad Nacional. La vacuna empezó en $5.000 a la semana, pasó a $50.000 y después a $200.000, que ya fueron imposibles de pagar para los comerciantes. En consecuencia, quedaron de objetivo militar.
El 09/10/12 la esposa fue a una cita a una finca cerca al barrio El Pesebre, donde la atendieron, entre otros, "Andresito" y "Tatú", quien le dijo: "Su marido ya es hombre muerto, pero si nos da 15 millones, dejamos así".
La mujer rogó, hasta que el monto se redujo a $4 millones, que les pagó gracias a un préstamo; sin embargo, no pudieron regresar a sus locales y fueron desplazados con un atentado de por medio.
Desde que eran "paras"
En la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía hay un completo dosier sobre la estructura de "Carlos Pesebre", en el que figuran los desmovilizados "Tatú", "Andresito", "Maicol" y varias de las 12 personas que estaban con ellos en el hotel el día de la captura, como "Camilo el Grande", "Lunar" y "Roña". Estos no fueron detenidos, pero los reseñaron y les incautaron celulares.
De hecho, "Tatú" no solo es reinsertado, sino postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. El 27/6/05 rindió una versión libre en la que confesó haber militado en los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc, y firmó un acta en la que se comprometía a no delinquir más, promesa que, al parecer, incumplió.
También se dijo en la audiencia que Ramírez iba a reuniones con su patrón Diego Murillo ("don Berna") en Santa Fe de Ralito (Córdoba), donde se acordó con el Gobierno la desmovilización de los paramilitares (2003), orden que él no siguió.
Al final de su exposición, la Fiscalía les imputó a los cuatro las conductas de concierto para delinquir agravado (por ser jefes de la banda), extorsión y uso de menores en la comisión de delitos; solo a "Tatú" le añadieron desplazamiento forzado, por la pareja de comerciantes.
Al preguntarle el juez si entendió las imputaciones, "Carlos Pesebre" se aproximó al estrado y declaró con voz pausada: "Todo está muy claro". Luego él y sus supuestos lugartenientes rechazaron los cargos.