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Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la Fiscalía argumentará los motivos por los cuales se debe excluir al desmovilizado Juan Carlos “el Tuso” Sierra de los beneficios del programa de Justicia y Paz.
De acuerdo con información del ente judicial, la solicitud de expulsión “se presenta luego de que el postulado fuera dejado en libertad en Estados Unidos – donde pagó 5 años de cárcel por narcotráfico – y no fuera deportado a Colombia”.
Sierra fue uno de los principales cabecillas financieros de la Casa Castaño, la organización desde la cual se diseñaron y estructuraron las Autodefensas Unidas de Colombia.
Se desmovilizó el 1 de agosto de 2005 con el bloque Héroes de Granada y al año siguiente se postuló a la ley de Justicia y Paz.
El 13 de mayo de 2008 fue extraditado a Estados Unidos, bajo cargos de narcotráfico, y durante los cinco años de reclusión continuó en las audiencias de versión libre (por videoconferencia), delatando a políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública que habían tenido relaciones con los paramilitares.
Confesó que entre 1998 y 2002 importó 1.724 fusiles y 750.000 cartuchos para las autodefensas, a las que también ayudó a financiar con la exportación de más de 11 toneladas de cocaína. Por tales confesiones, le habían dictado medida de aseguramiento por concierto para delinquir, tráfico de armas, lavado de activos y utilización ilícita de equipos de comunicaciones.
La justicia de E.U. le concedió la libertad el 14 de mayo de 2013 y obtuvo un permiso de residencia temporal con su familia. En Colombia las autoridades reclamaron su deportación, la cual después de un año no se ha efectuado.
La solicitud de exclusión de Justicia y Paz es liderada por la Fiscalía 45 de Justicia Transicional. La diligencia está programada para esta mañana en el edificio Rodrigo Lara Bonilla, sede del Tribunal Superior de Medellín.
Otros cabecillas paramilitares postulados ya fueron excluidos de Justicia y Paz, entre ellos Daniel Rendón Herrera, alias “don Mario”, quien hoy paga una condena de 33 años de cárcel en la justicia ordinaria.