viernes
7 y 9
7 y 9
La elección de Viviane Morales como Fiscal General de la Nación ha sido anulada, con razón, por el Consejo de Estado, que comprobó que dicha elección fue hecha de manera irregular por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2010.
La Fiscal General deberá, pues, hacer dejación de su cargo, aunque no fue destituida, ni inhabilitada, ni la decisión del Consejo de Estado implica una sanción personal para ella como funcionaria pública.
No se estudiaron su desempeño, sus resultados, ni los evidentes problemas sobrevinientes en el ejercicio del cargo. Estos asuntos, sin embargo, sí deberá tenerlos en cuenta el Presidente Santos.
Porque resulta que ya hay especulaciones sobre la posible inclusión de la doctora Morales, otra vez, en la terna que habrá de elaborar el Presidente de la República.
Santos dio inicio a una carrera de rumores y, peor, de incertidumbre, al decir ayer que "no habrá solución de continuidad" -es decir, no habrá interrupción- en la labor de la Fiscalía, "sea con la doctora Viviane Morales o con otra persona".
La declaración de Santos, además de temeraria y apresurada, se presta para hacer conjeturas, cuando aún no se conoce el fallo que habrá de redactar el Consejero de Estado, Víctor Hernando Alvarado.
En ese fallo, y sólo en él, se determinarán puntos esenciales para saber los efectos globales de la nulidad, y los términos en que deberán proceder el Presidente Santos para postular la terna, y la Corte Suprema de Justicia, para escoger de ella.
Lo que ahora está muy claro es la invalidez jurídica de la elección de la doctora Morales, por la muy cuestionable "interpretación por una sola vez" del reglamento de la Corte Suprema.
Varios magistrados -recordémoslo de nuevo- impusieron en esa ocasión una decisión política para "desentrabar" un proceso de elección que ellos mismos habían vuelto imposible.
No vamos a repetir los argumentos de nuestro editorial del pasado 24 de febrero, aunque las declaraciones de ayer de dos magistrados de la Corte Suprema nos llevan a reafirmar nuestra opinión -basada en jurisprudencia de esa misma Corte- de que esa actuación bordeó el prevaricato (tomar una resolución manifiestamente contraria a la ley).
En declaración radial, el magistrado Jaime Alberto Arrubla sumó ayer otra "perla" al decir que "las mayorías no se modifican, salvo por problemas coyunturales". En Acta de noviembre de 2010 consta que Arrubla accedió a la modificación del reglamento, pese a haber advertido que tal modificación podría ser demandada.
En ese reciente editorial sobre la señora Fiscal hicimos consideraciones sobre su desempeño y sus yerros.
Además de su asunto matrimonial -tan incómodo de tratar, por elemental sentido del pudor y del respeto a su privacidad- y del confuso asunto de una pensión de invalidez que, sin respuesta, gravitó fugazmente en las noticias, la Fiscalía no ha avanzado en eficacia investigativa ni logrado mermar la impunidad.
Fue desolador, por ejemplo, ver cómo en una audiencia pública un riguroso juez le reprochó a la señora Fiscal su poco dominio del tema procesal-penal y sus vacíos en la sustentación jurídica de cargos contra un alto funcionario público.
En todo caso, queda a prueba, también, el verdadero sentido de Estado del Presidente Juan Manuel Santos.
Veremos si quiere seguir jugándose su prestigio en soterradas movidas políticas, o si se toma en serio la estructuración y ejecución de la política criminal del Estado.
Y sabremos si quiere una Fiscalía competente y eficaz, una entidad de investigación judicial que esté a la altura de los retos, o si opta por privilegiar conveniencias personales y compromisos políticos.
Todo el país espera, sobre todo ahora, una decisión con altura de miras y gran sentido de la responsabilidad por parte del Jefe de Estado. Colombia no admitiría más frivolidad ni ligereza en asuntos que son ya de supervivencia y dignidad institucional.