Alberto Fujimori, el presidente peruano que gobernó toda la década de 1990, que cerró el Congreso para concentrar en sus manos los poderes, y recibió un apoyo popular nunca visto en la historia reciente de ese país, pasará los últimos días de su vida tras los barrotes de una celda en Lima, a pocos kilómetros de su oficina presidencial donde fue algo parecido a un rey.
La Sala Penal de la Corte Suprema peruana lo condenó ayer a 25 años de prisión por la muerte de 25 personas en dos masacres y el secuestro de dos opositores en 1991 y 1992 (ver recuadros) en casos por los que el Estado peruano ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable. La sentencia que se emite es condenatoria", dijo el juez César San Martín, presidente de la sala.
Fujimori, que durante los 16 meses que duró el juicio se mostró prepotente y seguro de su inocencia, guardó silencio y al final su defensa anunció que apelará el fallo.
Los familiares de las víctimas, que vivieron esperanzados el proceso del juicio, estallaron en júbilo una vez conocida la condena, en una actitud que contrastaba con el llanto de los seguidores de Fujimori que hicieron vigilia desde la semana pasada para acompañar al que consideran un presidente inocente.
Carolina Huamán Oyague es prima de Dora Oyague, una estudiante de la Universidad La Cantuta de Lima, que fue secuestrada en su residencia estudiantil y asesinada. Su caso pertenece a los 25 asesinatos por los que Fujimori fue juzgado. En diálogo con EL COLOMBIANO reconoció una profunda satisfacción de ver que se hacía justicia.
"Estábamos en un cuarto cercano al de Fujimori. Me siento satisfecha porque es el inicio de la llegada a la justicia en el Perú. Los familiares nos sentimos realizados porque esta ardua e incansable labor durante casi 17 años ha dado frutos", comentó Carolina.
Un juicio ejemplar
El juicio que adelantó la Sala Penal de la Corte Suprema peruana contra el ex presidente Alberto Fujimori, se convirtió desde ayer en un hito histórico para la justicia latinoamericana y mundial.
En algo que han coincidido analistas a lo ancho del globo es en afirmar que el proceso fue llevado con la mayor rectitud, ética y apertura hacia todas las opiniones que se pudiera esperar.
Según Javier Ciurlizza, director para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) lo que ha hecho el Perú, al juzgar a Fujimori, es un ejemplo de cómo la suma de indicios razonables y la unión de evidencia contundente prueba la responsabilidad de un ex presidente más allá del ruido político que pueda provocar.
La sentencia definió que Fujimori estructuró y ejecutó una estrategia "político militar paralela" a la que daba en público con la intención de eliminar a los terroristas, lo que permitía secuestros, desapariciones y asesinatos.
"La condena sienta un precedente muy importante en términos jurídicos porque el tribunal considera que encubrir un crimen constituye cometerlo. Es una innovación jurídica", concluyó Ciurlizza.
Con el fallo, Fujimori se convierte en el primer presidente latinoamericano, elegido en las urnas, en ser condenado por violaciones a los derechos humanos.
La Corte le reconoció el tiempo que lleva preso desde su detención por lo que, si su apelación falla y su vida le alcanza, el todopoderoso 'Chino', solo podrá volver a las calles en libertad en el 2032.
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