El fiscal General, Mario Iguarán, a pocos meses de concluir su trabajo, dice que su principal preocupación sigue siendo dar herramientas para mejorar el panorama de respeto a los Derechos Humanos en Colombia y cree que el equipo que queda en la entidad continuará con esa política.
Esta semana la Fiscalía realizó una nueva entrega a familiares de restos de víctimas de los grupos armados. Con ellos son unos centenares de cuerpos identificados y 1.040 recuperados, de un total de 22.000 colombianos desaparecidos, hecho que Iguarán calificó como un "genocidio".
La gira de la Fiscalía para entregar restos de personas fallecidas por agentes violentos, ¿es un proceso muy oneroso?
"El proceso de desenterrar una verdad para que florezca la justicia y se repare a las víctimas requiere muchos recursos económicos y de personal y un gran compromiso espiritual. En medio del dolor y en ese momento tan difícil, hay que sacar a la gente de la tortura de la incertidumbre. En ese aspecto debo decir algo importante: aunque los victimarios están colaborando, mucha de la información nos la están dando las propias familias de las víctimas, que antes no lo hacían por el temor de acercarse a la justicia, ya se ha creado una confianza. Llegar a los sitios es muy difícil, por razones geográficas, climáticas y de seguridad; también lo es el trabajo de identificación y el proceso científico, que tiene muchos costos. El momento de la entrega es particularmente difícil y en él actúa un grupo interdisciplinario con trabajadores sociales, sicólogos, personas expertas en el tema".
¿Cuántos desaparecidos hay en Colombia?
"Tenemos varios bancos de datos: el de genética, con miles de muestras de sangre obtenidas en jornadas en sitios en los que se dio el actuar delincuencial; también, una base de datos de desaparecidos que la hemos depurado. Hoy estamos hablando de 22.000 desaparecidos en Colombia. De ellos hemos encontrado 1.040 y entregado plenamente identificados varios centenares".
¿En qué tiempo ocurrieron esas desapariciones?
"Son muchos años porque hay zonas como el Putumayo, que tienen desaparecidos de la época que dominaron las Farc y otros de la época en que dominaron las autodefensas. Cuando se entregan los restos uno ve que casi todas las víctimas venían de un estrato social muy bajo, por decirlo de alguna manera de estrato uno, y que sus familias tienen muy bajo nivel de educación, entonces, uno tiene que concluir que acá lo que había era un genocidio".
¿Ya acabó ese genocidio?
"No, lo que hicieron las Farc con los awá fue una masacre y ante esos hechos uno tiene que concluir que el tema no ha pasado, pero lo importante y lo que nos corresponde es judicializar y dar resultados, no dejar esto en la impunidad. Si uno lee la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Rochela, ahí no nos condenan porque un grupo armado ilegal hubiera masacrado a unas personas, ni porque por omisión un miembro de la Fuerza Pública lo haya permitido; nos dicen que eso es censurable, pero reconocen que eso puede pasar en cualquier parte del mundo, la condena es porque en ese caso no hubo justicia, por eso es que condenan al Estado colombiano".
Los paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz reclaman más protección para sus familiares, ¿ese tema podría entorpecer el proceso de reparación?
"El Estado no puede, y ahí se incluyen la Fiscalía, las Cortes, el Gobierno y la Fuerza Pública, abandonar el proceso de Justicia y Paz; cada uno tiene, por misión y porque así obliga la Ley, unas tareas para sacar adelante el proceso. Una de ellas es darles protección a los familiares de los postulados, así se trate de extraditados, en primer lugar porque son seres humanos y, en segundo lugar, porque si queremos que se sepa la verdad, lo mejor es darles protección, pues si hay riesgo de las vidas de sus familiares, los postulados no contarán los hechos que afectaron a otras personas".
La Procuraduría alertó sobre ese hecho porque a "Cuco" Vanoy, le han matado tres familiares, y en el proceso de Salvador Arana, han muerto o sufrido atentados catorce testigos. ¿Eso demuestra que el programa no es eficaz?
"El programa es relativamente nuevo y si en algo hemos hecho esfuerzos es en él. No sólo para enfrentar todas estas investigaciones de derechos humanos, de Justicia y Paz y contra el narcotráfico, sino también para el desarrollo del sistema penal acusatorio, que no funciona si el programa de protección no es fuerte, pues la oralidad hace que las víctimas o testigos tengan que señalar cara a cara a los victimarios. Estamos seguros que el programa será certificado y ha obtenido reconocimientos, no con medallitas, sino con solicitudes de cortes internacionales para que se lo facilitemos. Los más interesados en deslegitimarlo son los mismos que quieren que los testigos no vayan a la Fiscalía".
Este año termina su trabajo en la Fiscalía, ¿teme que quien lo suceda no continúe esa vocación en pro de los derechos humanos?
"No, porque los fiscales y demás personas que trabajan acá tienen esa sensibilidad; incluso puedo decir que me he contagiado de su sensibilidad. Este es un tema de voluntad: el 50% de las condenas por homicidio de sindicalistas en la historia de Colombia, se dictaron en los últimos dos años; los 80 ó más casos sobre la Unión Patriótica son de ahora; casi 300 medidas de aseguramiento por ejecuciones extrajudiciales se han dictado en año y medio; en el país no había un solo caso de investigación exitosa por desaparición forzada en Colombia y ahora tenemos los del campesino Mario Nieves, en Buriticá (Magdalena), o el de once jóvenes de Tolú Viejo, por este caso tenemos enjuiciados a un teniente y a unos suboficiales y por el primero, acusado a Hernán Giraldo. Todo es sólo un tema de voluntad".
¿Está cerca de llegar a una conclusión por la investigación de los desaparecidos en Soacha?
"Uno tiene que ser cuidadoso y no atreverse a dar fechas, pero lo que me informan los fiscales de la unidad de derechos humanos es que estamos muy cerca y que será cuestión de días dar una respuesta sobre el tema".
Esta semana la Procuraduría abrió investigación a seis gobernadores por supuestos vínculos con DMG, ¿en la Fiscalía hay evidencias de la infiltración en política de esa firma y sus fines?
"Hoy es muy difícil decir cuál era el propósito; a título de conjetura, seguramente era para usufructuar posibilidades en materia de contratación. La Fiscalía tiene investigaciones abiertas, sin perjuicio de que pueda abrir otras, contra los gobernadores de Bolívar y Magdalena y el personero de Bogotá, entre otros. Con el gobernador de Bolívar, ordenamos inspecciones, lo escuchamos en versión asistido de abogado, y estamos revisando el perfil patrimonial de antes de llegar a la gobernación, igual pasa con el de Magdalena".