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Proyectar a San Andrés y acelerar los proyectos que están en el Plan de Desarrollo del archipiélago son las tareas que tiene la gobernadora Aury Guerrero, dos meses después de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, les quitará cerca de 75.000 kilómetros de mar territorial.
La mandataria sostuvo que las ayudas que han llegado del Gobierno Nacional son básicamente el subsidio a los pescadores, las mesas con las raizales y la reducción de las tarifas aéreas entre San Andrés y Providencia.
¿Qué ha pasado con San Andrés después del fallo de La Haya?
“El presidente Juan Manuel Santos nos puso la responsabilidad de construir y de revisar la proyección del departamento con en el denominado plan San Andrés. Después del 19 de noviembre han venido en muchas ocasiones los funcionarios del Gobierno Nacional a trabajar con nosotros y el resultado concreto es el subsidio que se les ha asignado a los pescadores artesanales. Además, el Ministerio del Interior está tratando de llegar a un acuerdo con los raizales”.
¿Qué incluye el plan San Andrés?
“En San Andrés la cobertura de acueducto y alcantarillado es bajísima, por eso el Plan San Andrés solicita que se trabaje el tema de acueducto y alcantarillado rurales y que haya cobertura total de servicios públicos en la isla. Con el plan se busca que la isla tenga en turismo desarrollos en cuanto a infraestructura, capacitación y capacidad instalada, un muelle de turismo grande, volver a San Andrés un centro financiero internacional, tener una escuela de formación deportiva de alto rendimiento. Esperamos reunirnos a mediados de febrero, socializarlo y entregárselo al Gobierno Nacional en marzo”.
¿Cuál es la situación actual de los pescadores?
“El tema de los pescadores ha sido el más sensible. Con los industriales no se ha hecho mucho, el Gobierno Nacional a través de la Armada les ha brindado la seguridad en el sector, pero no ha habido algo concreto que se les defina, no tenemos claro qué política pesquera se va a seguir manejando, cuándo se haría un tratado de pesca. En cuanto a la pesquería artesanal, el Gobierno Nacional ha entregado un subsidio que corresponde a un 1.8 millones de pesos por mes durante seis meses, para estimular y garantizar que sí estén en ejercicio de la pesquería”.
Los pescadores han estado en asamblea permanente, ¿por qué?
“Se produjeron algunas dificultades, errores en cuanto a los nombres y las cédulas de los beneficiarios y hay algunos hechos que se han presentado en cuanto a los listados, las bases de datos de quiénes son y deben ser considerados como pescadores, porque resulta que en San Andrés y en Providencia todas las personas en algún momento saben pescar, entonces, las resoluciones que han salido del DPS sobre quiénes deben ser certificados como pescadores artesanales y quiénes deben recibir el subsidio será motivo de revisión”.
¿Cuál ha sido el trabajo con los grupos raizales?
“Se dispuso una mesa de trabajo que ha sido liderada por el Ministerio del Interior. Los raizales están a punto de entregarle al Gobierno Nacional una propuesta y se enfocan en temas como la autonomía, el estatuto raizal, el concepto de control poblacional. En este momento estas mesas de trabajo siguen activas. Se está avanzando en la propuesta que debe ser presentada por el grupo raizal al presidente Santos a través del Ministerio para ser discutida”.
¿Cómo ve las promesas que el Gobierno Nacional le ha hecho a San Andrés?
“Debo decir que algunas de las cosas que se han traído para San Andrés son las que se venían haciendo, venían en su proceso, no son el resultado del 19 de noviembre, están en el Plan de Desarrollo del departamento. Pero tampoco podemos decir que las promesas que se han hecho nos las han incumplido porque tenemos la responsabilidad de concretar el plan y decirles qué tenemos y qué queremos. El Gobierno ha estado muy dinámico”.
¿Han sentido algún impacto económico durante estos dos meses?
“El componente turístico este año no disminuyó. Además, las cosas se sostienen porque las faenas de pesca industrial estaban contempladas hasta marzo, una vez se termine ese licenciamiento podría comenzarse a ver la afectación porque si no se llega a un acuerdo, estaríamos reduciendo ese renglón que tiene mucho peso”.
¿Qué espera para el departamento?
“Primero que desde el componente jurídico se nos diga con claridad las posibilidades que tenemos. Nosotros insistimos en que no apliquemos el fallo porque deteriora el territorio. Y segundo, que se consolide la oportunidad para consolidar socioeconómicamente el archipiélago para que podamos apalancar las consecuencias del fallo”.