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Los avances en el proceso de paz con las Farc llevan al presidente de la República, Juan Manuel Santos y a su equipo negociador en La Habana a participar en distintos escenarios públicos explicando los puntos clave de los logros, los pendientes y aquellos en los que aún hay grandes diferencias en la mesa.
Con estos actos, el Gobierno, además de responder las inquietudes de grupos especializados de ciudadanos, víctimas y personas del común, abre camino frente a una futura refrendación del pacto a que se llegue con la guerrilla para su desmovilización y reinserción a la sociedad, a través de un mecanismo democrático.
Durante esta semana los plenipotenciarios Humberto de la Calle Lombana, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y los generales retirados Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo han intervenido en Medellín, Bucaramanga y Sincelejo en universidades, encuentros regionales de víctimas, conversatorios y congresos de algunos gremios económicos.
En todas sus declaraciones han defendido los "avances" y desmintieron los "mitos" sobre una claudicación del Estado ante la insurgencia.
También respondieron las preguntas de víctimas a quienes ratificaron que "sus derechos no están en negociación", como lo reiteró el alto Comisionado para la paz en Sincelejo con habitantes de la región de Montes de María.
El apoyo ciudadano al proceso de paz es imprescindible. Son los colombianos quienes tendrán que aprobar o rechazar los acuerdos que resulten de la mesa de negociación.
Ayer en Medellín el presidente Juan Manuel Santos destacó en el cierre del Congreso de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (Fiic) que la negociación con la guerrilla "va en la dirección correcta", y que el proceso de paz está en una etapa decisiva.
En la Universidad Eafit, por su parte, De la Calle y el general (r) Mora buscaron más apoyo social a la salida negociada al conflicto. El jefe negociador del Gobierno y el excomandante de las Fuerzas Militares repasaron como logros ante los estudiantes y directivas universitarios los tres acuerdos parciales sobre desarrollo agrario, participación política y solución al problema de cultivos ilícitos.
Pero el mayor esfuerzo lo dedicaron a defender la salida negociada al conflicto de 50 años para evitar más derramamiento de sangre, que se amplíe la cifra de más seis millones y medio de víctimas que reclaman verdad justicia y reparación y conseguir las condiciones de seguridad que permiten el desarrollo del país.
Con ese fin el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle explicó que "hay unas reformas en el sector agrario para modernizarlo que se deben hacer con o sin acuerdo de paz, la democracia tiene defectos y entonces hay una oportunidad de terminar el conflicto y solucionar problemas del país. No es cierto que se le entregue el país ni la tierra a la guerrilla".
Tanto de la Calle como el general Mora ratificaron la posición que mantendrá el Gobierno frente a las Farc en temas sensibles y polémicos que faltan por discutir como el desarme de la insurgencia, justicia transicional para militares y la refrendación de los acuerdos.
1. las Farc tienen que entregar sus armas
Como negociador en representación de las Fuerzas Militares, el general Jorge Enrique Mora insistió en que las Farc tienen que "desmovilizarse y entregar sus armas". Hasta ahora, los negociadores del grupo subversivo han rechazado esa posibilidad y solo han anunciado la "dejación de armas".
Esta semana, desde La Habana, el jefe guerrillero alias "Andrés París", reiteró la postura de los negociadores farianos a lo largo de los diálogos: "nadie va a tener la foto de la entrega de armas de las Farc".
Frente a esta posición, el general Mora aseguró que "las armas las tienen que entregar y eso significa dejarlas guardadas en un sitio vigilado por el Estado. No es aceptable que digan que las guardan en la montaña o la selva".
El general retirado insistió en que una revisión de los procesos de paz anterior con guerrillas como el M-19, el Epl o Quintín Lame siempre tuvieron como resultado la entrega de las armas".
También defendió la participación de los militares activos en la subcomisión que viajó a Cuba para estudiar condiciones en una eventual desmovilización y desarme de las Farc.
Desestimó que sea una "humillación" para los oficiales sentarse a dialogar con los insurgentes y aseguró que la ventaja militar del Estado es uno de los factores que condujo a las Farc a negociar en Cuba (ver artículo anexo).
Al respecto, Humberto de la Calle afirmó que el tema aún no ha sido discutido, pero "tenemos claro que no pueden haber grupos desmovilizados haciendo política sin haber entregado las armas".
2. gobierno cierra puertas a constituyente
Desde que comenzó el proceso de paz la guerrilla ha reivindicado la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente, escenario que siempre ha rechazado el Gobierno.
Los negociadores del Gobierno también se mantienen en que la refrendación de los acuerdos que se logren si tiene éxito el proceso de paz debe ser un mecanismo diferente, entre los que están la consulta popular, un plebiscito o el referendo.
Según De la Calle, "la Constituyente es el mecanismo menos adecuado por que exige una alta votación para que sea valido y dos leyes, una para convocar la Asamblea y otra para elegir a los constituyentes por voto popular".
Uno de los argumentos para que la propuesta de las Farc no tenga eco en el país es la prolongación indefinida de los diálogos, en contra del interés del Gobierno de conseguir un acuerdo definitivo a más tardar en 2015.
3. justicia transicional para los militares
Tanto el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, como el general Jorge Enrique Mora aseguraron que la aplicación de la justicia transicional, que permite penas alternativas por delitos durante el conflicto, debe aplicarse a guerrilleros y miembros de la Fuerzas Militares. "No es posible llegar a un fin del conflicto aceptable o justo donde guerrilleros que han cometido delitos graves dentro y fuera del conflicto no estén en la cárcel y policías o militares vayan a a prisión por 40 años", afirmó el oficial retirado.
Los negociadores del gobierno en La Habana ratificaron que por los compromisos internacionales firmados por el Estado no puede haber indultos ni amnistías por crímenes atroces.