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El miércoles o jueves de la próxima semana, la Fiscalía suspenderá las órdenes de captura de los negociadores de la guerrilla de las Farc, en el marco del inicio de conversaciones entre el Gobierno y la insurgencia.
Así lo anticipó el fiscal general, Eduardo Montealegre , en Medellín, al explicar en el XV Encuentro de la Justicia Ordinaria los alcances del Marco Legal para la Paz y, de paso, enfrentar las críticas que ha tenido la norma.
“Estamos trabajando con la Consejería para la Paz, examinando el estado actual de quienes eventualmente serán voceros negociadores de las Farc tanto en Oslo como en La Habana. La próxima semana, sobre el miércoles o jueves, daremos a conocer quiénes son esas personas y en qué grado se encuentra el trámite de sus procesos y el operativo de suspensión de la orden de captura”, dijo Montealegre.
Este sería el primer proceso bajo el Marco Jurídico para la Paz, que el jefe del ente acusador defendió y del que advirtió “no será razón de impunidad” y de una posible intervención en el país de la Corte Penal Internacional (CPI).
Al final, para Montealegre la situación es clara: el derecho fundamental a la paz está por encima de cualquier consideración, incluso sobre la obligación que tienen todos los países de castigar con cárcel los crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Las dudas han surgido por consideraciones desde las ONG y sobre todo desde Human Rights Watch que, a través de su director José Miguel Vivanco , ha expuesto que la aplicación del Marco para la Paz traería impunidad, por lo que sería solo cuestión de tiempo la entrada de la CPI a hacer justicia en el país.
La reforma a la Constitución que trae el Marco para la Paz permitirá la negociación con las Farc y abre la puerta para que, como indicó Montealegre, “se pueda conceder principio de oportunidad, exoneraciones extraordinarias de responsabilidad, suspensiones temporales de la pena o alternativas distintas a la privación de la libertad”.
Pero según la tesis del Fiscal, esto no generaría la entrada de la CPI, porque si bien se aplicará justicia transicional, sin cárcel por crímenes de lesa humanidad a varios miembros de las Farc, esto “no implicará impunidad”, sino por el contrario, buscará “la reconstrucción de la verdad y con reparación de las víctimas”. Y lo que no se permite por la CPI son las amnistías absolutas, comunes en tiempo de dictaduras.
“Lo que ha dicho el Derecho Internacional es que se permiten, aún por delitos de competencia de la Corte Penal Internacional, amnistías condicionadas que se basan en el hecho de que se van a desarticular y desmovilizar aparatos organizados de poder para la finalización de un conflicto”, agregó el Fiscal.
La anterior es la posición de la Fiscalía, pero la que tendría la última palabra sería la misma CPI, que, en caso de que llegara a su conocimiento algún caso no resuelto en el proceso de paz, sería la que decidiría sobre si tiene o no competencia para revisarlo.