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Si el problema de las cárceles se fuera a reducir a cifras podría decirse que el hacinamiento en los grandes centros de reclusión del país ronda el 200 por ciento, que un solo abogado radicó 2.600 tutelas exigiendo derechos fundamentales de los internos, que hay más de 80 internos muertos en lo que va del año y que, según un estudio de la Universidad Nacional, hay dos enfermos de tuberculosis en La Picota.
El estudio se hizo en 3.300 internos y Martha Isabel Murcia, profesora del departamento de Microbiología de ese centro educativo advirtió que la situación en ese centro penitenciario es alarmante porque la tuberculosis -que es la mayor causa de muerte en las cárceles- se transmite por vía aérea.
La poca ventilación, el difícil acceso a elementos de aseo, el retraso en la evaluación médica y los traslados que frenan una atención hospitalaria adecuada, son algunos de los agravantes que propiciarían la expansión de esta enfermedad.
Para frenar el avance de la misma, los directores del estudio propusieron que los internos se conviertan en gestores de salud para que puedan detectar cuáles de sus compañeros tosen con frecuencia y se les practiquen los exámenes de diagnóstico.
Pero esta no sería la única amenaza. Según la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, el hacinamiento también puede llevar a que se propague el VIH y algunas enfermedades venéreas. Lo más grave es que no se sabe cuántos internos están enfermos ni qué enfermedades padecen.
Problemas de atención
De la crisis de salud que se vive en el país no se salvan los internos. O sino que lo diga la familia de Arley López, quien falleció el fin de semana en la cárcel de Bellavista y que es el noveno interno que muere este año en ese centro. O la familia de Miguel Ángel Campos, quien falleció el 14 de agosto en La Modelo, de Bogotá, y cuyos familiares tuvieron que hacer una colecta para reunir los 2 millones de pesos que necesitaban para trasladar su cadáver a Cúcuta.
En ambos casos, se denunció negligencia a la hora de brindarles la atención médica especializada que ellos requerían. López, según el Comité de solidaridad con los presos políticos fue atendido por un enfermero.
Campos, según sus familiares, aunque era trasladado a las sesiones de diálisis que requería, no se atendieron las peticiones para trasladarlo a Cúcuta. Directivos del Inpec señalaron que falleció en el Hospital Santa Clara, de Bogotá, debido a un shock cardiogénico.
El senador Carlos Alberto Baena, recordó que se han presentado graves denuncias con la forma en la que Caprecom presta el servicio de salud en las cárceles y aseguró que este es “deplorable”. Entre sus propuestas para brindar mejor atención médica a los internos está la construcción de clínicas penitenciarias.
Por eso pidió al Gobierno decretar la emergencia social ante la crisis que viven las cárceles del país y que se cree una Mesa Nacional de Concertación para elaborar un nuevo Código Nacional Penitenciario.
Propuesta de descongestión
El fin de semana, el vicepresidente Angelino Garzón afirmó que los centros penitenciarios se han convertido en “depósitos de personas y no en centros de resocialización” por lo que es necesario trabajar en dos sentidos: evitar la reclusión de inocentes en las cárceles y garantizar condiciones dignas para la población carcelaria.
En Antioquia, la diputada Orfa Nelly Henao (quien fue directora del Inpec en Antioquia) llamó la atención sobre las medidas de descongestión anunciadas por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, entre las cuales están el traslado de internos y pedir colaboración a facultades de Derecho para que los internos que puedan optar por beneficios que les permitan la libertad condicional o la casa por cárcel, lo hagan.
Para la diputada Henao, los movimientos de reclusos de un centro carcelario a otro solo trasladan el problema. A su juicio, lo realmente importante sería pensar en penas alternativas que permitan una verdadera resocialización de los internos. A esto se suma la debilidad del sistema judicial, porque hay internos que permanecen hasta tres años en calidad de sindicados.
Según la agencia de noticias Colprensa, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, aseguró el martes en un debate realizado en la Comisión I del Senado que la congestión carcelaria es cercana al 47 por ciento y advirtió que, a pesar de que hay presos con pena cumplida, ellos no quieren salir de las cárceles.
También insistió en que la construcción de seis megacárceles ayudará a solucionar el problema de hacinamiento.
Frente a esta propuesta la diputada Henao no es optimista. “El hacinamiento lleva años, en el Gobierno de Álvaro Uribe se construyeron nueve cárceles y no generó ningún impacto. La cárcel de Pedregal debía ser de 2020 personas. Se sacaron las mujeres del Buen Pastor y se trajeron de otros departamentos, ahora hay más de 1.000 mujeres. Se sacaron hombres de Bellavista e Itagüí, más de 1.000 hombres, y las dificultades siguen igual”.