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Para el procurador general Alejandro Ordóñez, la polémica por la decisión de destituir a la senadora Piedad Córdoba y la sanción de 18 años sin derecho a ejercer cargos públicos no tiene sentido, porque su decisión fue tomada en derecho y amparada en pruebas contundentes.
Para ratificarlo, Ordóñez insistió en que antes de cuestionar su decisión, la gente debería "tomarse el tiempo" para leer la providencia y en ella encontrará que habían pruebas suficientes de los nexos de la Senadora con las Farc como para sancionarla.
"Hay un abultado material probatorio que señala la responsabilidad de la Senadora. El fallo se dio en el marco de la justicia, del derecho, de la Constitución. (...) Decía el procurador Mario Aramburo, en su momento, que las decisiones del Procurador se explican a sí mismas. Pues bien, acudan a la decisión", afirmó el Jefe del Ministerio Público.
Y es que según Ordóñez, ante la insistencia "de algunos sectores y de algunas personas" para que se tenga en cuenta el "perfil especial" de la senadora Córdoba, es necesario recordar que ciertas inmunidades pueden llevar a caer en impunidades.
"De ser así, que nos lo diga la ley. Que hay personas que por ostentar tales características son inmunes a la Constitución, a la ley, a las sanciones que se deriven por haber violado el ordenamiento jurídico", pero como no existen entonces la Procuraduría debe actuar, aseguró Ordóñez.
Reposición, hasta hoy
En declaraciones a los medios de comunicación, Ordoñez resaltó que a la senadora Piedad Córdoba se le respetó en todo momento el debido proceso y advirtió que tiene hasta hoy para presentar el recurso de reposición.
El Procurador señaló que las críticas sobre las falta de garantías en el proceso obedecen a prejuicios que pueden obedecer a razones personales, sociales, ideológicas, económicas, de filias, de fobias, pero "desde luego lo jurídico señala mecanismos que los ciudadanos pueden utilizarlos en cualquier momento".
Indicó que los abogados defensores de Córdoba también podrán interponer la recusación que, según la Senadora, aplica en este caso.
"Si la recusación demuestra que hay argumentos que lo ameriten, no dudaré en admitirla para que los funcionarios diriman las impugnaciones que ella tenga", explicó el Procurador.
A futuro, si la Congresista considera que se faltó al debido proceso, podría acudir ante el Consejo de Estado que estudiaría la situación. Sin embargo, la decisión que tome la Sala Disciplinaria de la Procuraduría en la reposición será definitiva.
Respaldo a Córdoba
La Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc) reclamó la solidaridad de otras ong internacionales con la senadora Córdoba.
El colectivo resaltó la gestión de paz que ha realizado la congresista y su labor humanitaria, al tiempo que pidió a las ong internacionales insistirle a las autoridades que "no sigan utilizando pruebas falsas y amañadas contra líderes políticos y sociales de oposición" y respeten el debido proceso.
Andrés Mesa, secretario nacional de las Juventudes Liberales, presentó un memorial ante el fiscal general (e) Guillermo Mendoza, en el que denuncia a Ordóñez por el delito de prevaricato.
Aseguró que su intención es demostrar la ilegalidad del fallo por su insistencia en hacer valer pruebas obtenidas al margen de cualquier protocolo normativo internacional y nacional por parte de la Policía Nacional, y que nunca fueron cotejadas por expertos, ni preservadas con la debida cadena de custodia.
Mesa considera que "ninguno de los cargos imputados hacen alusión a la participación de la Senadora en actividades ilícitas de las Farc ni la vinculan militarmente con ese grupo insurgente. Solamente, destacan algunos puntos de vista de quien, se dice, se trata de Piedad Córdoba sobre algunos temas relacionados con un acuerdo humanitario y las distintas estrategias para lograr la paz de Colombia".