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Con un plan de choque el Gobierno Nacional tratará de garantizar la atención de los menores infractores, quienes, en muchos casos, enfrentan situaciones denigrantes en los centros de atención donde son recluidos, tras ser sorprendidos en la ejecución de algún tipo de delito.
El Ejecutivo, en cabeza director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego Molano , reconoció los serios problemas de hacinamiento en las cárceles para menores. "En los últimos dos años el número de niños vinculados a delitos y con responsabilidad penal se ha incrementado y esto ha copado la disponibilidad de cupos que tiene Bienestar Familiar", dijo.
Desde la expedición de la Ley de Infancia y Adolescencia (2006) han pasado por los centros de reclusión de menores 25.000 adolescentes. En el último año por el Sistema Penal adolescentes han pasado 10.000 menores de edad.
En un debate organizado por la Cámara de Representantes sobre "Justicia juvenil: por una segunda oportunidad", Molano exhortó al Congreso a diseñar penas distintas para los menores de edad. Dijo que se podrían utilizar otros mecanismos de justicia restaurativa para solucionar sus problemas y darles una verdadera oportunidad.
En el debate, la representante Ángela Robledo dijo que "algunos de nuestros jóvenes son verdaderos sobrevivientes. Se necesitan más recursos para ellos y menos para la guerra", e instó a implementar "más política social y menos política criminal".
Aunque el director de Infancia y Adolescencia de la Policía, general Nicolás Muñoz Martínez , no reveló cifras concretas sobre las investigaciones con menores recalcó que "cualquier caso que se cometa de maltrato contra un niño o un adolescente es grave y reprochable".
Las falencias en la atención de los menores son graves y precisan medidas urgentes, concluyó un debate que dejó más interrogantes que salidas.