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Las investigaciones en contra de Diego Murillo Bejarano , alias “Berna”, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, ahora apuntan a miembros de la Fuerza Pública señalados por su presunta participación en crímenes atribuidos al exparamilitar.
La situación quedó en evidencia en el segundo día de la audiencia de imputación, en la cual la Fiscalía le endilgó 32 hechos delictivos al extraditado.
Cuando el ente acusador concluyó ayer su exposición, en el Palacio de Justicia de Medellín, los representantes de las víctimas le solicitaron que considerara la posibilidad de imputar esos hechos en calidad de “coautor”.
Óscar Correa (representante de víctimas del IPC) y Omaira Gómez (abogada de los familiares de los difuntos investigadores del Cinep y del humorista Jaime Garzón ), coincidieron en que las pruebas aportadas hasta ahora sugieren que, en coautoría con las Autodefensas, algunos mandos militares estuvieron involucrados en los sucesos.
En particular, se refirieron a los generales retirados Harold Bedoya , Enrique Mora Rangel y Rito Alejo del Río .
Uno de esos documentos es una carta pública de la banda “La Terraza”, fechada el 29 de noviembre de 2000, en la cual informan de supuestos nexos de los citados oficiales, y otros más del Ejército y Policía, con las Auc.
Al ser consultado sobre los señalamientos, el general (r) Bedoya respondió a El Colombiano que son falsos (ver entrevista).
El general (r) Rito Alejo del Río fue condenado hace dos semanas a 25 años por el homicidio de un campesino de Chocó.
Y el general (r) Enrique Mora Rangel , fue designado por el Gobierno como miembro del equipo negociador de la paz con las Farc. Tratamos de localizarlo, pero no fue posible, por lo que las páginas de este diario quedan abiertas para su opinión.
Las imputaciones
La Fiscalía completó la serie de imputaciones referenciando los últimos siete cargos programados (el día anterior fueron 25). El primero fue la masacre de San José de Apartadó (21/2/05), donde murieron ocho personas y nueve fueron desplazadas; por el hecho hay cinco militares y cinco paramilitares condenados.
Le siguió el secuestro de Piedad Córdoba (21/5/99 al 04/6/99) en Medellín. Ana Sánchez , su abogada, pidió a la Fiscalía que profundice en el caso, pues “creemos que participaron miembros del DAS” en el rapto.
A “Berna” también le imputaron los homicidios de los esposos Elsa Alvarado y Mario Calderón , investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). En el episodio, perpetrado por “La Terraza” en Bogotá (19/5/97), también murió el ingeniero Carlos Alvarado , padre de Elsa, y quedó herida su cónyuge Elvira Chacón .
El fiscal prosiguió imputando el asesinato del abogado Jesús María Valle (27/2/98) en su oficina de Medellín, donde también fueron víctimas de secuestro su hermana Nelly Valle y el comerciante Carlos Jaramillo .
De igual manera, la muerte de Jaime Garzón (13/8/99) en la Capital, por la cual está condenado el paramilitar Carlos Castaño (muerto en 2004) e investigado José Miguel Narváez , quien luego fue subdirector del DAS.
Los secuestros del congresista Carlos Alonso Lucio (17/7/00) y cuatro investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC) hacen parte del dossier.
A este último caso, acaecido el 28/1/99, se suma un atentado con bomba a la sede en Prado Centro (29/2/99) y el desplazamiento de seis investigadores sociales de la ONG (09/10/99).
Sobre los funcionarios
El magistrado de Justicia y Paz, Olimpo Castaño , quien presidió la diligencia, le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a “Berna”, que cumplirá en su prisión de E.U.
Ordenó a la Fiscalía que debe compulsar copias, sobre las eventuales pruebas contra agentes del Estado, a los juzgados donde cursan los respectivos procesos. En la audiencia de acusación (hay plazo de 60 días), el fiscal deberá presentar un informe de cómo van las indagaciones contra los funcionarios.
El fiscal 45 de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro , manifestó que en la próxima versión libre le pedirá a Murillo que amplíe la información sobre nexos de la Fuerza Pública con los “paras”.
A lo que “Berna” contestó, a través de su defensora Consuelo Parra , que responderá a esas cuestiones y más, porque “está tratando de quitarse la mordaza impuesta por la extradición”.