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Aquellos tiempos en los que las ideas de la oposición fueron silenciadas por grupos ilegales, que nunca estuvieron de acuerdo con estos preceptos, parecen no haberse quedado en el pasado.
Por el contrario, la maquinaria para silenciar voces como las de la Unión Patriótica (UP), la Marcha Patriótica y la Mesa Agropecuaria Popular de Interlocución y Acuerdos –MIA, se habrían fortalecido en la búsqueda de dos objetivos: el control territorial en algunas regiones, y sentar una posición política al amenazar a líderes de movimientos con ideologías de izquierda.
Esa es la lectura que se desprende del panfleto con el que la banda criminal "los Rastrojos", amenazaron ayer a 18 integrantes y líderes de la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica y la MIA, por los que ofrecieron recompensas entre 30 y 50 millones de pesos.
"La orden perentoria y explícita es para neutralizar a los candidatos al Senado y la Cámara que hoy están en campaña y, especialmente, por la cabeza de Aída Abello, Omar Calderón, Carlos Lozano y Jaime Caicedo", entre otros líderes, incluso regionales. Dice el pasquín que "ya está listo para empezar el plan pistola".
Sergio Guzmán, integrante de la UP en Antioquia, está convencido de que hoy, pese a la desmovilización del pasado, el paramilitarismo está vivo, y es una expresión de la extrema derecha que no quiere encontrarse con ideas opuestas.
"Estos grupos son hoy un peligro para la democracia y pueden tener un poderío igual al que tenían antes, o superior", expresa Guzmán.
¿Si tienen poder?
En el último informe presentado por al Corte Penal Internacional (CPI), se hace un llamado a Colombia para que preste atención a las bandas criminales, en especial a "los Urabeños" por su organización jerárquica, las acciones planificadas y periódicas y su orden que incluye uniformes, reclutamiento y armas. "Hay bases razonables para afirmar que está lo suficientemente organizada como para llegar a ser parte en un conflicto armado de carácter no internacional".
Sin embargo, "los Rastrojos", han perdido capacidad de actuación por los golpes propinados por las autoridades a los cabecillas. Según la Dijín, este grupo no tiene unidad nacional y depende de jefes regionales. Tiene 740 hombres de los cuales hay 215 en Valle del Cauca, 210 en Norte de Santander, y 131 en Nariño.
Pero aunque estén disminuidos, explica Carlos Prieto, investigador de las bacrim de la Fundación Ideas para la Paz, no es un escenario descartable que "los Rastrojos" cumplan con la amenaza, y es deber de las autoridades, sin saber si son ciertas o no, brindar protección para el ejercicio político. "Ellos intentan dotarse de un ropaje político para asumir un discurso bajo este tipo de hechos", explica Prieto.
Por su parte la candidata presidencial por la UP, Aida Abella, expresa que no se irá del país pese a las intimidaciones y, por el contrario, pidió al Gobierno que le digan quién envió el pasquín.
Al conocer la amenaza, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, solicitó a la Fiscalía y a la Policía investigar la autenticidad del panfleto, e indicó que de ser cierto, "sería una lamentable muestra de violencia por parte de estas organizaciones armadas para influir en las elecciones".
La afirmación de Otálora es el mismo sinsabor que sienten los integrantes de los movimientos y partidos amenazados y que, según ellos, es la muestra de que en Colombia no hay garantías para el ejercicio de la oposición política