Carlos Jiménez, el fiscal ecuatoriano que encabeza el denominado caso de Angostura, sobre el bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de la guerrilla de las Farc en territorio ecuatoriano, confirmó este miércoles que diversas autoridades judiciales de esa investigación recibieron protección policial.
Jiménez señaló que además de él, también tienen custodia policial el actual juez del caso, Francisco Revelo, así como el juez Daniel Méndez, que presidió el proceso hasta hace un par de meses y que emitió una orden de prisión contra el ex ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos.
Jiménez, fiscal de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la región amazónica y fronteriza con Colombia, donde se tramita el caso, confirmó la protección policial tras las denuncias de autoridades colombianas de que la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) estaría preparando un atentado contra los actores judiciales de la investigación.
Sin embargo, apuntó a que aún "se está investigando y se está verificando" esa información proveniente de Colombia, "porque también se manejan otras hipótesis" sobre de "dónde podrían venir esas posibles amenazas".
"Si (las autoridades colombianas) lo manifiestan, no sé que habrá de cierto, pero acá estamos debidamente preparados con las medidas de seguridad, y ojalá que oportunamente se pueda verificar esta información", añadió.
Además, rechazó que esas supuestas amenazas de la guerrilla "amedrenten" la actuación fiscal y aseguró que la investigación continuará "con (la información) que tenemos y lo que hemos investigado y con lo que constitucionalmente está dentro del proceso, observando las reglas de procedimiento".
Muerte de "Reyes"
Jiménez lidera las acusaciones contra altos cargos de Colombia de atentar contra la seguridad del Estado ecuatoriano al idear y participar en un bombardeo del Ejército colombiano en Angostura, un enclave selvático en territorio de Ecuador, contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Esa operación se produjo el 1 de marzo de 2008 y en ella murieron por lo menos 26 personas, entre ellas el entonces portavoz internacional de la guerrilla, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", cuatro universitarios mexicanos y un ciudadano ecuatoriano.
Tras el bombardeo, que produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, porque Ecuador consideró que se había violado su soberanía territorial, la Fiscalía de Sucumbíos, encabezada por Jiménez, comenzó una investigación para aclarar las circunstancias que rodearon el operativo militar.
En el proceso se ha pedido la prisión preventiva y la extradición del ex ministro Santos, la prisión para el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Freddy Padilla, y se ha vinculado al jefe de la Policía de ese país, Óscar Naranjo.
Las decisiones de la Justicia ecuatoriana han causado rechazo en el Gobierno de Colombia, que la acusa de estar influida por decisiones políticas, mientras que el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, y varios ministros ecuatorianos, han negado esas acusaciones y han defendido la independencia de poderes.
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