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Frente a la violencia ejercida por los grupos al margen de la ley y la vinculación de agentes del Estado en delitos contra los civiles se requiere un esfuerzo masivo de combate a la corrupción y sanción disciplinaria a los responsables, como una forma de ganar la confianza de los ciudadanos.
El planteamiento lo hace el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar Volkmann, al explicar algunas de las medidas que podrían reducir las violaciones a los derechos humanos, combatir a los grupos criminales y a acabar con la impunidad.
En el informe sobre d.h. se habla de tropiezos a las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, ¿cuáles son y qué respuesta dio el Gobierno a sus recomendaciones?
"Es muy positivo que las ejecuciones extrajudiciales se hayan reducido drásticamente el año pasado. Pero, observamos un patrón de hostigamiento contra los procesos judiciales en curso. También notamos resistencias en la justicia penal militar de referir casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno provee protección a algunos de los testigos amenazados y el Presidente llamó a las fuerzas militares a apoyar las investigaciones de la Fiscalía".
¿Por qué solo hasta el 2008 se visibilizan las ejecuciones extrajudiciales, ¿qué respondía el Gobierno a las denuncias?
"Ya lo habíamos advertido desde el año 2004 en nuestros informes anuales. El Gobierno tomó las primeras medidas en 2006, cuando impulsó que el levantamiento de los cadáveres fuera realizado por el CTI y no por los efectivos militares. En 2007 el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares emitieron unas normas para fortalecer el respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, entre ellas una directiva que privilegiaba las desmovilizaciones sobre las capturas y las capturas sobre las muertes en combate. Aunque el Ejército rechazó nuestras denuncias, nos invitó a visitar sus divisiones para discutir los casos que les habíamos remitido. Ese mismo año, el Ministro de Defensa creó el Comité de la Directiva 10, que es un foro con los altos mandos militares en donde se plantean casos y se da seguimiento a medidas para contrarrestar las ejecuciones. También se reforzaron los controles internos de inspección y asesoría jurídica, así como el sistema de quejas. La medida más fuerte y con un impacto inmediato la tomó el Presidente cuando destituyó a 27 militares en octubre de 2008. Entre ellos estaban tres generales y varios coroneles".
Su Oficina no ha sido ajena a las amenazas, ¿cuál es la situación hoy de sus funcionarios? ¿Pone esto en riesgo la permanencia de su Oficina en el país?
"No hay amenazas en contra de nuestros funcionarios relacionados con este tema y las autoridades y la fuerza pública, mantienen la puerta abierta a nuestro personal. Pero fuimos víctimas de seguimientos del DAS. Sabemos que el DAS analizó cómo neutralizar o desacreditar nuestro trabajo en el país. Nuestro mandato vence el 30 de octubre y su renovación será una de las primeras decisiones que el próximo Presidente tendrá que tomar. Creo que escándalos como los del DAS o los mal llamados "falsos positivos" muestran la necesidad de un monitoreo independiente del comportamiento del Estado en derechos humanos".
Las interceptaciones ilegales preocupan a su Oficina, ¿de qué manera incide en la violación de los derechos humanos?
"El DAS actuó como policía política en contra de sectores o personas percibidas como enemigos del gobierno. Violó y obstruyó de manera criminal las posibilidades de los colombianos de ejercer sus derechos civiles y políticos. Empleó métodos como interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios. Las intimidaciones contra mujeres defensoras de derechos incluyeron amenazas directas contra sus hijos e hijas, en ocasiones con manifiesto contenido sexual violento. Por ejemplo, conocemos del caso de una abogada que recibió una Barbie desmembrada y manchada de esmalte rojo diciendo 'usted tiene una familia muy linda, cuídela no se sacrifique'".
Usted dice que la liquidación del DAS no soluciona el problema, ¿cuál es la recomendación para que el manejo de la inteligencia se haga ajustado a los derechos humanos?
"El tema va más allá del DAS. Conocemos casos, algunos en Antioquia, en donde agencias de inteligencia militar realizaron acciones ilegales contra defensores de derechos humanos y universitarios. Para estar claro: creo que Colombia necesita una buena inteligencia ante los retos que tiene frente a la guerrilla, el narcotráfico y los grupos post-desmovilización. Pero ninguna institución del Estado puede operar fuera del Estado de derecho. Por eso, más allá de la anunciada liquidación del DAS, es imperioso mejorar la protección de datos personales de los ciudadanos ante injerencias de la inteligencia, instalar mecanismos eficaces y confiables de depuración de archivos y establecer sólidos sistemas de control y supervisión sobre todos los organismos de inteligencia".
Hay una alerta por el aumento de amenazas contra defensores de derechos humanos , el Gobierno insiste en que se han dado las protecciones, ¿qué falta para que sí sean efectivas?
"Es cierto que Colombia invierte muchos esfuerzos en los programas de protección pero creo que sería importante que también se investigara y castigara a los responsables de las amenazas. En esto hay muy poco progreso. También algunos funcionarios estatales siguen estigmatizando la labor de los defensores con lo cual se anima a sectores oscuros a seguir con sus amenazas. Un mayor apoyo político y público a la labor de defensores, periodistas, sindicalistas, por parte de las autoridades ayudaría a prevenir amenazas".
Caso Medellín
¿Cómo analiza el recrudecimiento de la violencia en Medellín?
"Es muy preocupante. Creo que la ciudad está pasando por una situación grave de violencia ejercida por un alto número de grupos y grupúsculos al margen de la ley. Pequeñas pandillas, estructuras del crimen organizado así como ex paras y ex guerrilleros que en el contexto del narcotráfico o el desarrollo de otras actividades delincuenciales se disputan el territorio, explotan y vinculan niños, en algunos casos con el apoyo o la aceptación de algunos miembros corruptos o intimidados de la policía. Es muy difícil controlar esta situación, por tratarse de estructuras heterogéneas y dispersas".
A la luz de los derechos humanos, cómo abordar esas bandas en una ciudad como Medellín, en la que se incrementaron los homicidios, los desplazamientos, el reclutamiento de menores, ¿qué tratamiento hay que darles?
"Los retos que enfrentan las autoridades de Medellín en materia de seguridad son grandes. Con todo respeto frente a los esfuerzos que se están realizando no quisiera aparecer como si tuviera una receta. Pero como usted pregunta mencionaría algunos elementos. Creo que es necesario intensificar la coordinación de los servicios de inteligencia. Las capturas muchas veces no llevan a la judicialización porque la población tiene miedo a declarar. La gente se siente desprotegida y desconfía de los agentes estatales. Es imperioso un esfuerzo masivo de combate a la corrupción y sanción tanto disciplinaria como penal a agentes de Estado implicados, esto para fortalecer la confianza ciudadana en los operadores del orden público. Tenemos buena interlocución con el jefe de la Policía Metropolitana y pensamos que tanto nuestra oficina como la Personería pueden apoyar a las autoridades policiales en conocer más de cerca las quejas de la población sobre corrupción, tortura y otras violaciones. Finalmente, la ciudad debería ampliar la inversión social en la juventud. En esto, Medellín no empieza desde cero".
Su Oficina documentó casos de apoyo de policías a bandas y de casos de tortura en Medellín, ¿qué tanto se repite esta situación en el país?
"Creo que las autoridades de policía y de las fuerzas militares hacen esfuerzos importantes en sus instituciones para mejorar la garantía de los derechos humanos. La respuesta del general Óscar Naranjo a los casos presentados por mi Oficina aceptando su ocurrencia, ordenando acciones de abordaje y valorando el papel de Naciones Unidas refleja esta actitud. Sin embargo, este espíritu y estas reformas no son absorbidos debidamente por todos los miembros de la fuerza pública. Existe resistencia ante los derechos humanos, algunos los ven como un obstáculo en su trabajo. Por eso persisten muchos casos de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado a lo largo del país así como casos de corrupción que favorecen la violencia. Sabemos que los cambios toman tiempo pero también me gustaría ver más esfuerzos contundentes de los mandos de la Fuerza Pública contra los miembros de la institución que violan a los derechos".
Su Oficina reconoce el esfuerzo del Gobierno para atender las recomendaciones de los organismos de d.h. y de permitir la evaluación, ¿en qué ha acertado y en qué errores no debe incurrir?
"La política del Gobierno ha sido de excepcional apertura al escrutinio internacional en derechos humanos y esto es algo que apreciamos. Colombia tiene buenas leyes y buenas políticas, pero notamos una brecha entre este marco general y la implementación concreta de los compromisos. Esto tiene muchas razones, una de las principales: la impunidad. Creo que el fortalecimiento del aparato de justicia y de los entes de control de Colombia es imprescindible para avanzar en derechos humanos. Hay que empoderar a fiscales, procuradores, personeros y defensores para que actúen en forma rápida, independiente y contundente ante violaciones. Los derechos humanos no se realizan solo con pronunciamientos políticos o capacitaciones de personal sino con acciones afirmativas de la justicia y de los entes de control".