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Medellín: retrato de un conflicto

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Foto Manuel Saldarriaga.
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La cara secreta de quienes luchan contra el crimen

Tercera entrega de la serie “Medellín: crónica de un conflicto urbano”.

Por Nelson Matta Colorado | Medellín | Publicado el 4 de mayo de 2013

“Nací y me crié en la comuna 13. Fui a la misma escuela de un hombre que ahora es jefe de una banda. Ambos éramos pobres y él subía a la casa a pedirle a mi mamá que le regalara un huevito porque no tenía qué comer. En la escuela se burlaban de su aspecto, le pegaban. Dios estuvo a mi lado y a los 15 años conseguí un buen trabajo, instalando antenas parabólicas. Él en cambio comenzó con la marihuana, luego me contaron que hizo arrodillar a alguien y lo mató. Yo entré al CTI, a él lo apadrinó un capo de la mafia”.

Mientras agita su memoria para atraer esta historia, Max* cierra los ojos por un segundo. Intenta responder la pregunta de por qué, pese a crecer en un vecindario hostil, terminó del lado de la justicia y no del crimen. “La vida me fue dando oportunidades”, susurra, en su oficina del búnker de la Fiscalía.

Lleva una década en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y en la lucha contra las bandas de Medellín ha capturado a unas 200 personas. Pero su origen le pasa factura cuando va a ejecutar operativos en su zona. “Vuelvo al barrio y los vecinos me dicen, ‘¿te acordás de ese man que jugaba fútbol con nosotros? ¡Está metido en la vuelta!’. El año pasado íbamos a hacerle allanamientos al cabecilla con el que yo estudié, y tocó declararme impedido, allá vive mi familia y todos me conocen”.

En otro punto de la metrópoli, la fiscal Yelena* hace remolinos con la cuchara en una taza de aromática. El sol apenas acaricia los bordes del Palacio de Justicia y ella se prepara para la jornada de 16 horas laborales. “No recuerdo cuándo fue la última vez que salí a disfrutar de la ciudad. Sabiendo cómo son los combos, no asumo riesgos, no voy a discotecas. Mi hijo es adolescente y no lo dejo salir a ninguna parte, menos mal no es ‘rumberito’”, dice sonrojada.

Lleva 14 años en la Fiscalía y, aunque ha decapitado a varias bandas, por esa autoprotección la mafia no la ha tocado. “Una vez un capturado me dijo: ‘a usted la conozco, antes manejaba taxi y la llevé a su casa’”.

Así es la faceta secreta de los funcionarios judiciales que luchan contra el crimen organizado en Medellín. Gente sin escolta ni fusil terciado, que ausculta las entrañas del fenómeno. Según la Policía, en el área metropolitana delinquen 119 bandas, agrupadas por 14 Odines (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico). Ello implica que en la subregión más rica de Antioquia actúa la tercera parte de todas las bandas de Colombia, al decir del director de la institución, general José León.

Un informe confidencial de la Fiscalía sustenta que en nuestras calles viven 231 facciones.

Y extraoficialmente, sumando las denuncias de la comunidad y organizaciones civiles, se estima que en la jurisdicción actúan 276 combos.

Varios son llamados “parches” y “reductos”, con influencia limitada a una cuadra o manzana, y por ello no entran en la clasificación policial como un grupo per se, pese a que se articulan con clanes mayores. La diferencia semántica no importa a la vecindad, “combo es combo”, opina un tendero del Centro.

“Cuando uno abre las carpetas (expedientes) le da mucho pesar, esta es una guerra de niños, pocos asesinos tienen más de 22 años”, reflexiona la fiscal Cintia*, mirando por el ventanal de su oficina en el Palacio de Justicia. Afuera, en la calle San Juan, se ven como pulgas los transeúntes. “Esta no es una lucha de clases, los combos atacan a su propia población, casi siempre la víctima es un vecino que no podía cruzar la frontera invisible, o que no pagó una vacuna, o del bando enemigo”.

Toma una hoja cuadriculada y grafica lo que va explicando: “Sabemos que hay una pugna entre dos grandes grupos por el negocio, ‘la Oficina’ y ‘los Urabeños’, pero las que se matan son microbandas que pelean de calle a calle”. Al final, el dibujo de Cintia es una pirámide, donde los de arriba gobiernan y los de la base mueren.
 
Los homicidas del Aburrá
Cada año, Teilor* inspecciona 300 escenas del crimen, por lo que, un muerto más, uno menos, ha atendido 1.800 asesinatos como investigador de homicidios del CTI y aún no pierde el asombro por la obra de los sicarios del Valle de Aburrá.

Está parado en una manga de Bello, aledaña al coliseo Tulio Ospina. Ante sus ojos, el occiso cuelga de un árbol, ahorcado con un lazo. Una bolsa plástica le cubre la cabeza y está maniatado. “Haga de cuenta ver a Judas colgado. Sorprende cómo el victimario organizó el escenario para dejar su huella”.

El asesinato, perpetrado el 11/03/13, no se ha esclarecido, pero Teilor cree que podría relacionarse con el hecho de que la víctima al parecer consumía drogas. “De pronto es un mensaje de una banda a otra”.

En su experiencia cazando asesinos, estima que el 70% de las muertes en Medellín se deben a líos de combos; el 15% a móviles pasionales; el 10%, hurtos; y el restante 5% a balas perdidas y riñas. El mecanismo más popular es el balazo, seguido del arma blanca y asfixia mecánica.

Cleimar* es otro sabueso de homicidios, que trabaja para la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). El último caso que lo impactó fue la muerte de dos infantes de 11 años en la comuna 13 (26/2/13), por el cual hay siete capturados. “Ellos le exigieron al niño blanquito que matara al negrito, pero él respondió: ‘no voy a matar a mi amiguito’. Los tipos dijeron ‘queremos ver sangre’ y usaron cuchillos y machetes; fue tan cruel, que una mujer que los acompaña pidió que más bien les dieran un tiro y ya”. Los pequeños fueron enterrados en una fosa de Aguas Frías. Medellín se conmovió.

Para el policía, mucha de la sevicia de los combos es heredada de las autodefensas.

Su teoría es cercana a la del juez Abimael*, quien pese a tener 30 años en la rama judicial, sintió escalofrío cuando un fiscal relató en su estrado la forma es que desmembraron a dos adolescentes de la comuna 8 (30/9/12). “Los jefes de combos pertenecieron a las autodefensas y absorbieron a un ejército de muchachitos que cumplen órdenes sin importar el precio”.

El encanecido jurista también ha visto el lado débil de los traquetos. “Después de oír una tremenda lista de delitos imputados por la Fiscalía, sin inmutarse, un cabecilla me pidió un minuto para abrazar a su bebé. Uno ve a sus mujeres e hijos llorar, queriendo indicar que es una persona buena. Hay que darles trato digno”.

Abimael no tiene escolta y se esmera por ser invisible cuando no tiene la toga, caminar solo es uno de sus pasatiempos preferidos. No obstante, hay lugares a los que nunca iría por convicción: “Altavista, Castilla, la comuna 6, Caicedo, San Javier, ¡ni riesgos! Uno es desconocido por allá y conoce la problemática”.

Frustraciones y éxitos
La Unidad de Vida de la Fiscalía tiene 24 fiscales para atender las muertes violentas de Medellín (homicidios, suicidios, negligencias médicas y accidentes viales y laborales). Son 11.000 expedientes desde 2006 y cada funcionario, entre ellos Cintia, maneja en promedio 458 casos.

La congestión le genera frustraciones. “Te asignan una carpeta a los 10 días de ocurrir el hecho, y así es difícil, porque ya no hay huellas, lavaron la escena. Lo que uno no haga en las primeras 48 horas…”, señala encogiéndose de hombros.

Las cosas que más agobian a los funcionarios judiciales son la falta de tiempo, exceso de trabajo y la carencia de recursos. Cleimar siente que labora con las uñas. “En la Sijín tenemos una sala técnica para interceptar muy poquitas líneas. Muchas veces nos toca ir a pedirle ‘cacao’ al CTI”, comenta en voz baja, como si fuera pecado.

Otro drama se desprende de la intimidación a los denunciantes. “Hay casos donde uno sabe todo, los móviles y autores, pero los testigos se retractan. Sucede mucho, los amenazan, los desaparecen o simplemente se ‘voltean’.

¡Me da una rabia!”, exclama Cintia. Ella sabe quiénes son los perpetradores de masacres en el Centro y el noroccidente de Medellín, de descuartizamientos en Manrique, pero sin testigos no tiene cómo probarlo.

Yelena deja de mezclar la aromática al recordar un momento duro. “Le tengo una mala noticia: acaban de matarle dos investigadores”, le notificó un colega al salir de una reunión (04/2/13). En el sepelio, una de las viudas, presa del dolor, se ensañó con la fiscal. Ella guardó silencio y se retiró de la velación, con el corazón apedreado.

Su consuelo es el deber cumplido. “Aunque las cosas parezcan imposibles, con dedicación se pueden lograr. Se han roto mitos de gente intocable, ningún cabecilla de Bello tenía orden de captura, ahora sí; contra ‘la Oficina’ se ven los resultados; hay operativos en todas las comunas, en Urabá y Bajo Cauca. Los jefes de bandas de hace un año, hoy no son los mismos”.

Una compleja solución
Por seis meses Max interceptó el teléfono de una mujer de la comuna 13. “Vivía con su hijo de cuatro años. Una pelada pobre, que le tocaba guardarle armas al combo y ser jíbara. Cada dosis de marihuana la expendía a $1.000, con la ganancia compraba la leche del niño y los confites que vendía en los buses”.

Esta es una de las tres razones por las que los consultados son pesimistas frente a una solución pronta. En la raíz del conflicto ven la crisis social a nivel nacional, que requiere la intervención total del Estado y cuyos resultados se verán en décadas.

La segunda causa es que, por la frecuente caída de cabecillas, la guerra de combos empeorará; la tercera, la tiene clara Yelena: “Si no hubiera tanta corrupción, el problema no tendría este auge”. Lo dice con la certeza de quien en dos años ha encarcelado a 10 servidores públicos.

Al pensar en esta situación, al juez Abimael le hierve la sangre. “He tenido casos de policías que por ‘pinches’ $300.000 le colaboran a un combo”.

La percepción negativa por esos actos afecta a la Fuerza Pública, fiscales y jueces. Cada vez que cae un capo, Abimael lee los comentarios de la ciudadanía en internet, y siempre aparece esta “perla”: “Ahora solo falta que un juez corrupto lo deje libre”.

“Ese prejuicio es generalizado porque la gente no entiende que la ley la hacen legisladores con poco conocimiento o para su beneficio. Aquí cualquiera sube al Congreso”, opina.

Es esa extraña manera de legislar y proceder la que, según las fuentes, desperdicia el esfuerzo del aparato judicial. “La Fiscalía hace una investigación de tres años para capturar a un cabecilla y le imputa concierto para delinquir, cuya pena mínima es de 8 años. Si el tipo acepta cargos, se le rebaja la mitad, 4 años; en la cárcel estudia y trabaja, y merma otros 2 años. Al final es más larga la investigación que la condena”, narra el juez.

Y en esos esfuerzos perdidos a veces se va la vida. En el último semestre mataron a ocho policías en el Aburrá, y desde 2010 murieron dos jueces y tres agentes del CTI. Uno de ellos era David Murillo, amigo de Max, abaleado en el Centro (06/10/10).

“Conservo el casco que llevaba el ‘Negro’ cuando lo mataron, me da suerte. Los compañeros me regañan cuando vamos a un operativo en un barrio violento y no llevo chaleco antibalas, ‘¿vos creés que esto es jugando?’, me dicen. Yo solo le rezo a Dios y a David: ‘Negrito, ya que vos no te cuidaste, cuídame a mí”.
*Identidades reservadas.

FRASES DESTACADAS

“Cuando llego a una escena del crimen, hago un rezo para que ese espíritu no se quede penando”.
Teilor*
Investigador de Homicidios del CTI
 
“Si uno analiza los últimos años, cada vez caen más capos, la guerra de combos tiende a empeorar”.
max*
Investigador judicial del CTI

En definitiva

En la lucha contra el crimen organizado de Medellín, los funcionarios padecen la falta de recursos, pero siguen golpeando a los cabecillas.

Interacción y participación

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La cara secreta de quienes luchan contra el crimen

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1 Comentarios - 2 de octubre de 2014
  • rugo07 Comentario realizado el 5/14/2013 8:27:24 AM

    Dios los proteja y los cuide a ustedes y sus familias, De corazón, son unos verracos exponer sus vidas por sacar esta ciudad adelante.

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