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Pocas horas después de que el Consejo de Estado cerrara otra de las alternativas para que Gustavo Petro culmine su periodo como alcalde de Bogotá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares a su favor mientras toma una decisión de fondo.
"La CIDH considera que el primer asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad", y en consecuencia "solicita al Gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014", señaló el organismo interamericano en una resolución de 11 páginas.
Esto, con el fin de "garantizar el ejercicio de los derechos políticos" de Petro " y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. el 30 de octubre de 2011, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-1742-13", presentada por el mandatario capitalino.
De inmediato, el dirigente político se pronunció en su cuenta de la red social Twitter @petrogustavo: "Mañana (este miércoles) a las cuatro de la tarde espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar".
En el Consejo de Estado
Con 15 votos a favor y 8 en contra fue acogida la ponencia de fallo del magistrado Alfonso Vargas Rincón que revocaba la decisión de 14 tutelas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Según la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, al dar a conocer cómo sería el fallo cuyo texto se tendría de manera oficial en dos o tres semanas, "se levantaron los efectos de la suspensión del fallo del Procurador".
Es decir, quedó eliminada la suspensión del fallo de la Procuraduría General, que destituyó e inhabilitó al alcalde de la capital del país para ocupar cargos públicos.
Otras vías abiertas
Primero está la Corte Suprema de Justicia, que si bien en su Sala Penal se pronunció en contra de la suspensión del fallo contra Petro en febrero pasado, también habrá que conocer si existen decisiones de tutela en los juzgados laborales y civiles, y de ahí que habrá que esperar si la Sala Laboral y la Civil se pronuncian.
En palabras del abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, "hasta que no se revoquen todas las tutelas que le dieron la razón a Petro, él seguirá siendo el alcalde de Bogotá".
Pero además de lo que pueda darse en la jurisdicción ordinaria, quedan otro tipo de vías a las que la defensa de Petro puede acudir.
Está la salida excepcional ante la Corte Constitucional, que a través de su facultad de conocimiento automático de los fallos de tutela, decidiera revisar el caso del alcalde Petro. Incluso podría, de manera eventual, estudiar los fallos que han proferido las demás cortes.
Y como si fueran pocos los caminos que se pueden seguir, también está el de "presentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la propia jurisdicción contenciosa (Consejo de Estado)", indicó Charry.
A todo este galimatías de posibilidades, se le suma que los ciudadanos pueden aún hoy interponer tutelas contra la destitución. Y estas tendrían que, por orden constitucional, ser estudiadas por el juez.