Sin lugar a dudas, la década de los noventa se recordará como época de grandes cambios en la economía del país, uno de ellos, la promulgación de la carta constitucional en 1991, que generó las bases para impulsar el desarrollo de la competitividad en todos sus frentes. En ese entonces, el gobierno centró sus esfuerzos en la búsqueda de una economía modernizada, orientada hacia la apertura de los mercados y a la promoción de la competitividad y la productividad de todos los sectores económicos.
De la misma manera, se promovieron intervenciones estatales que propendieron por superar las crisis institucionales vigentes en la búsqueda de un nuevo pacto social. Todas estas ideas fueron suscritas en la Constitución Política de 1991 que reconoció tanto los derechos económicos de libertad, que garantizaron el funcionamiento de los mercados y la autonomía privada, como los derechos sociales, que implicaban políticas públicas para la ampliación y el suministro de bienes y servicios de interés público; en suma, una Constitución orientada en el marco de lo que se denomina un modelo de Estado Social de Derecho.
Una constitución pluralista
Bajo este contexto y como lo sostienen Uprimny y Rodríguez (2005) en su trabajo sobre Constitución y modelo económico en Colombia, la Constitución colombiana de 1991 se concibió como una Constitución normativa y valorativa de constitucionalismo social, en la medida en que no sólo reconoció derechos liberales, sino también derechos sociales y les dio fuerza normativa. Así mismo, es una Constitución abierta porque admitió políticas económicas muy diversas para alcanzar esos derechos sociales. En otras palabras, nuestra Constitución reconoce junto a los principios y derechos, formas judiciales para su protección como la Acción de tutela y las Acciones populares, lo cual implica limites jurídicas a las actuaciones de las autoridades económicas.
En una sociedad democrática como la nuestra, esto adquiere un valor importante porque define un marco institucional y unas reglas de juego claras para impulsar la actividad económica y la competitividad en todos sus ámbitos, como garantía para proteger el funcionamiento de la economía, la autonomía privada en cuanto a la propiedad, el cumplimiento de los contratos y la provisión de ciertos bienes y servicios de naturaleza social claves para promover la competitividad y mejorar el nivel de vida de la población como son educación, salud, servicios públicos domiciliarios y vivienda, entre otros.
En general, asuntos con un marcado perfil económico ligados con: el desarrollo, la hacienda pública, el ordenamiento territorial, la política económica, la independencia del Banco de la República, la internacionalización y la regulación, sólo para citar algunos de los más importantes, están contenidos en por lo menos 80 artículos de nuestra carta magna de 1991.
De seguro 20 años posterior a su promulgación, muchos son los análisis que se podrán hacer sobre los alcances de esta Constitución y sus impactos en materia de crecimiento y el desarrollo económico para el país. De todas maneras hay un hecho cierto, la Constitución de 1991 modificó profundamente el funcionamiento del Estado, especialmente a nivel del manejo de la política macroeconómica y la descentralización administrativa, política y fiscal, y ha intentado garantizar los derechos económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales y étnicos de todos los ciudadanos dándole prioridad al gasto público social que en las últimas dos décadas creció en más de 10 puntos porcentuales. Para resaltar de todo lo anterior, los logros en materia de lucha contra la inflación, reducción de tasas de interés y avances en crecimiento económico, tal como se registra en la información del cuadro que se presenta y que hoy se valora de manera significativa en el ranking mundial de competitividad, colocando al país en el grupo de países que tienen indicadores adecuados para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica.
*Decano de Ciencias Económicas- U. de A.