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La crisis de la salud en Antioquia está sobrediagnosticada. Es triste, pero ya nadie se sorprende con titulares que advierten sobre el cierre de un hospital en un municipio, ni con los miles de afectados que, sencillamente, no se pueden enfermar, ni con cientos de trabajadores que no reciben su remuneración hace siete meses.
Pero no por eso, la situación deja de ser alarmante.
Los centros hospitalarios en Guadalupe, Apartadó, Cuidad Bolívar y Yolombó son solo algunos de los que están a punto de tocar fondo por la falta de recursos para la operación. Por ejemplo, la gerente del hospital La Merced de Ciudad Bolívar, que atiende a cerca de 300 mil personas de 17 municipios del suroeste y varios del Chocó, ve cómo la entidad se desangra con una cartera por cobrar de 4.430 millones de pesos, con facturas que, a veces, tienen más de dos años de vencidas.
Angélica María Rendón Castañeda, gerente de la institución, afirma que "la falta de oportunidad en los pagos por parte de las aseguradoras impide cumplir con nuestros acreedores y proveedores. A la fecha se le adeudan a nuestros empleados cinco meses de salario, un monto superior a los 1.800 millones de pesos".
Sin recursos y sin alma
Pero al drama de cada entidad, se debe sumar el de sus miles de usuarios. Martha Lucía Restrepo describe como inhumano el trato que desde hace cinco meses recibe su abuela de 85 años, justamente allá, en La Merced, de Ciudad Bolívar.
"Hace más de cinco meses que ella está pendiente de una cirugía de vejiga y matriz. Al final la programaron para junio. A ella le tienen que instalar una malla y, en principio, el hospital dijo que no la tenía y que no estaba en el POS. Luego supimos que sí estaba incluida y la EPS la aprobó y entregó. Se suponía que a mi abuela la operaban un jueves, ella estuvo en ayuno desde el miércoles, sin embargo todos los días con una excusa distinta y con mentiras de las que nos enterábamos después, posponían la operación".
"El sábado supimos que el anestesiólogo había decidido no operarla en el municipio por la complejidad de la intervención y los riesgos para ella. ¿Por qué eso no lo dijo el urólogo o el ginecólogo que la habían visto desde hace meses?".
Martha explica que luego el mismo urólogo había descalificado a su colega diciendo que era un perezoso y, por si fuera poco, el último día que llevaron a su abuela a cirugía les devolvieron la malla, que es un dispositivo quirúrgico que vale más de un millón de pesos, dentro de los efectos personales de la señora "Le escribimos una queja a la gerente del hospital con todo lo que nos había pero no nos quiso atender, ni siquiera leer la carta", denuncia esta usuaria.
La abuela está en Medellín desde hace varias semanas esperando que le aprueben su cirugía, pues tuvo que empezar de cero. La experiencia que deja el episodio para esta familia es que, además de el problema financiero, hay un desorden administrativo y una crisis de valores que afectan, todavía más, el panorama.
Guadalupe, al borde
Cuando Oscar Darío Restrepo llegó al cargo de Gerente en el hospital de Guadalupe sabía en lo que se metía. Manejar una entidad en déficit, con problemas de nómina y, ahora, con las cuentas embargadas. Restrepo cuenta que hace poco la Seccional de Salud de Antioquia les realizó una visita para determinar "las causas" que tienen al hospital en la crisis, pero para él es claro que el problema radica "en el incumplimiento de los pagos por parte de las EPS".
A eso, dice, se suma que un proveedor denominado grupo GER les instauró una demanda por cerca de 62 millones de pesos y, posteriormente, se procedió al embargo de casi toda la capacidad bancaria del centro asistencial. "Hace dos meses y medio el hospital no recibe ni un solo peso de liquidez y con lo poco que hemos tenido estamos atendiendo suministros y el servicio de urgencias", afirmó.
El hospital tiene una deuda cercana a los 700 millones de pesos con proveedores y hace siete meses no le paga a sus trabajadores. Esta situación provocó que el hospital cesara sus actividades y solo prestara el servicio de urgencias perjudicando a cerca de 6.200 personas de la localidad.
Los peores pagadores son:
Lo dicen al unísono: las entidades que más problemas les representan a los hospitales y clínicas del departamento son Caprecom y Emdisalud, que se demoran hasta dos años para efectuar los pagos.
Iván García, gerente del Hospital de Apartadó, asegura que de las tres EPS con las que tienen contratos están sobreviviendo con los recursos de solo una. "Nos deben cerca ce 15.000 millones de pesos, de esos alrededor de 7.000 los deben entre Emdisaluid y Caprecom".
Aunque la situación en el municipio es crítica, pues son un centro de referencia para tres departamentos (Córdoba, Chocó y Antioquia), García asegura que están haciendo lo posible para que ningún paciente se quede sin atender. "El calvario para los pacientes inicia cundo deben ser remitidos a otros centros asistenciales por la gravedad de su estado de salud y no los reciben por proceder de estas dos EPS. Los pacientes se nos mueren o se nos complican".
Como le pasó a Fabio Rodríguez, un paciente de 32 años con insuficiencia renal y cardíaca, que tuvo que acudir a la acción de tutela para que la EPS que lo asegura le aprobara un trasplante. "Creo que conmigo hubo mucha negligencia y que la EPS se quedó esperando a que el juez fallara para decir que sí me aprobaban el trasplante de corazón y de riñón que necesitaba. Durante cuatro meses estuve esperando que respondieran, enfermo, caminando por Bogotá con un tanque de oxígeno y una cánula en la nariz. Jamás me respondieron por hospedaje o alimentación mientras que decidían qué hacer", cuenta este paciente.
Otra vez, grito de auxilio
Los directivos de centros hospitalarios, reunidos la semana pasada en Medellín, lanzaron de nuevo un grito desesperado. Afirman que la atención de urgencias no será suspendida nunca y que es parte de su razón de ser, pero reiteran que la liquidez los deja sin opciones para el servicio de consulta externa o algunos especializados.
Consultado sobre cuáles eran las cifras más alarmantes, Luis Alberto Martínez, director Ejecutivo de Aesa, dijo que para él las cifras de mayor preocupación son las de las personas que fallecen por falta de una atención oportuna o integral. "Las que me tienen más estresado son las muertes. Estamos documentando día tras día más fallecimientos por falta de acceso a los servicios, especialmente de las EPS que están intervenidas o bajo vigilancia del Estado", dijo Martínez.
Según los datos de Aesa, de nueve EPS del régimen subsidiado que prestan servicios en el departamento, siete están bajo medidas de vigilancia especial y una de las dos que no está intervenida se va el primero de agosto. "Vamos a quedar desprotegidos. Estamos haciendo un llamado angustioso al Gobierno para que le pare bolas a esta situación", agregó Martínez.
Hoy, a los hospitales públicos del país, les deben 4 billones del pesos. La deuda con los de Antioquia asciende a 500.000 millones de pesos. "Si lo sumamos con lo que le deben a los privados en el departamento la suma supera el 1,3 billones de pesos. Lo más preocupante es el envejecimiento de esa cartera. El Fosyga nos debe cartera de 900 días. Esa plata es muy difícil de recuperar", concluyó Luis Alberto Martínez.