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La época invernal de los dos últimos años ha puesto en evidencia el mal manejo que le hemos dado a la naturaleza. El presidente Santos dejó ver la impotencia del Gobierno para solucionar un problema de esta magnitud, a sabiendas de que la naturaleza nos seguirá pasando factura, porque los recursos del Estado no son suficientes para afrontar los desastres que cada día se presentan como consecuencia de las intensas lluvias y la fragilidad de los terrenos en épocas invernales.
Un país con cerca del 30% de su territorio con zona montañosa y 70% restante conformado por planicies y zonas bajas con alta posibilidad de inundación, amerita un análisis serio de la situación, porque al desaparecer los humedales, ciénagas y lagunas, incorporándolos a tierras de labranza o urbanizadas, se ha perdido la esponja que acumula grandes cantidades de agua y protege las zonas aledañas de inundaciones.
La mayor tragedia ecológica que ha padecido Colombia es la deforestación de las zonas montañosas, porque ello ha incrementado la escorrentía, generando una mayor velocidad del agua cuando se presentan las lluvias, produciendo erosión y sedimentos que colmatan las cuencas de ríos y quebradas con el limo que se mezcla con el agua.
Este fenómeno de la sedimentación se manifiesta en el cambio del curso de los ríos y en la disminución de la capacidad de la cuenca para que circule no solamente el caudal permanente, sino de recibir los mayores volúmenes de agua en épocas invernales.
En Colombia existe muy poca memoria registrada de zonas inundables y las autoridades han sido muy permisivas en los asentamientos en zonas de riesgo, a orillas de ríos y quebradas y en las áreas urbanas en zonas bajas con posibilidad de inundación.
Por décadas, las instituciones de la protección de los recursos hídricos como las Corporaciones Autónomas Regionales, no han tenido los recursos ni la capacidad normativa para proteger las zonas de influencia y, menos, montar proyectos eficientes de dragado de los ríos y ejercer un estricto control al manejo hídrico de los particulares y a los proyectos de entes oficiales.
Las carreteras y muchos asentamientos urbanos se construyeron sin normas en cuanto al manejo de la pendiente y estabilidad de taludes y sin un adecuado manejo de las aguas corrientes, residuales y de escorrentía, siendo esta la consecuencia de gran número de deslizamientos.
Tampoco en la mayoría de puentes de las carreteras del país se han tenido en cuenta las señas históricas marcadas por las crecientes para definir el diseño de los estribos y las luces de los puentes para evitar que las borrascas se lleven las estructuras.
Más que la emergencia invernal, el Gobierno debería declarar la emergencia ecológica para obligar a todos los colombianos a que acatemos las normas, ejerciendo acciones enérgicas y coercitivas a quienes las infrinjan, y se realicen programas que verdaderamente lleven a solucionar el problema generado por las temporadas invernales de La Niña.