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El término bacrim, bandas criminales, es un nombre que la Policía asignó a agrupaciones de crimen y narcotráfico, no nuevas, como equivocadamente se ha dicho, sino de vieja data. Tal es el caso de los “Rastrojos”, y otras que han pasado a ser más publicitadas y que corresponden a rezagos y modalidades de delincuencia “organizada”.
Lo nuevo puede ser que desde 2008 se conocieron mejor sus estructuras e integrantes, gracias a la Seguridad Democrática, pues antes las autoridades apenas reconocían a algunos de sus cabecillas.
Se acusa a nuestro Gobierno de haber generado estas bandas por supuesta equivocada desmovilización de paramilitares. Esto no es así: primero, venían lejos de atrás, y segundo, la Policía informó que el 50% de sus cabecillas eran reinsertados reincidentes, que además, estos representaban el 11% del total de las bandas.
Debo recordar que durante nuestros ocho años de mandato hubo cerca de 53 mil desmovilizados, 35 mil paramilitares y de las guerrillas 18 mil. Un número difícil de encontrarle precedentes y comparaciones.
Organismos internacionales como la OEA expresaron que el proceso fue exitoso porque la reincidencia en el delito alcanzó el 7%, muy inferior al 10%, que es común en estos casos.
Sin embargo, para nosotros fue enormemente preocupante que 3.700 personas regresaran a actividades criminales. Y nuestra política no tuvo dudas: generosidad sin impunidad para reinsertados, y severidad para reincidentes. Por esto último varios cabecillas fueron extraditados.
Si bien nuestro Gobierno sufrió una reincidencia del 7%, ha sido el debilitamiento de la Seguridad Democrática lo que ha permitido la consolidación y crecimiento de las bacrim.
Se ha dicho que las bacrim son nuevos paramilitares. No lo son, pero pueden llegar a serlo. No lo son, porque la palabra paramilitar se escogió para denominar bandas criminales privadas creadas para combatir a las guerrillas.
La seguridad de nuestro Gobierno desmontó a los paramilitares, debilitó a las guerrillas y recuperó monopolios de combate al delito y el monopolio de justicia, que el Estado nunca debió perder.
Actualmente, las bacrim aumentan control territorial con extorsión, que es menos visible que el asesinato.
De continuar el debilitamiento de la seguridad, es probable que lleguen a operar como mercenarios a sueldo para combatir a otros delincuentes, que sustituyan al Estado y revivan el paramilitarismo.
No existen diferencias entre las bacrim y las guerrillas. Ambas son aliadas en el narcotráfico y tienen relativa jerarquía criminal.
Para grandes atentados, las Farc pagan y una bacrim aporta los sicarios. Sin embargo, este Gobierno adoptó una legislación para supuestamente combatir a las guerrillas, y lo doloroso es su recrudecimiento.
Esta legislación impide la iniciativa contundente contra las bacrim, que se han duplicado. Ojalá se introduzcan correctivos, para lo cual es importante el proyecto de ley del senador Juan Lozano n
* Expresidente de Colombia.