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Desproporcionada fue la reacción de un sector de la Rama Judicial después de que el Gobierno le presentara al Congreso el proyecto de reforma a la justicia.
Esa fue la calificación de varios analistas consultados por EL COLOMBIANO, ante la respuesta del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, que aseguraron que el actual proyecto "pone en riesgo la autonomía y la independencia del poder judicial en Colombia", y que solicitaron una veeduría internacional para vigilar este proceso.
Incluso ayer el presidente Juan Manuel Santos aseguró que su gobierno respeta la autonomía de la justicia, pero que es el Congreso de la República, el que decidirá si la propuesta de reformar es viable o no.
Más de un año de reuniones y cumbres con las altas cortes terminaron sin ningún acuerdo y con la amenaza de éstas de presentar una contrarreforma en el Legislativo.
"Ahí, en el seno del Congreso, se discutirá en una forma amplia, democrática y se tomará la decisión. Así funciona la democracia y ahí no hay problema alguno", reiteró el presidente Santos.
Pero Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado, de inmediato, le respondió a Santos: "El único punto donde habíamos logrado acuerdo, consistente en que se consagrara una garantía de participación mínima de la Rama Judicial del Presupuesto General de la Nación para afianzar su autonomía, no fue incluido tampoco en el proyecto y registramos que el mismo es regresivo y que apunta a debilitar la Rama Judicial y a minar su autonomía e independencia".
Un respuesta política
"Es desproporcionada la respuesta de las Cortes, pero era un sueño quienes pensaban que iba a haber un acuerdo con el Gobierno", aseguró Juan Carlos Vásquez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.
Vásquez explicó que la afirmación del Consejo de Estado y la Corte Suprema evidencian que "las cortes no se quieren dejar regular".
"Ellos querían una reforma donde les dieran más autonomía presupuestal, que les aumentaran ciertos rubros de sus puestos, pero la reforma a la justicia tenía que tocar temas sustanciales, como eliminar la politización de la justicia y dejarles las funciones netamente jurídicas", reiteró Vásquez.
Igual opinó el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien dijo que no era conveniente ni posible buscar un acuerdo con las cortes para presentar un texto unificado al Congreso sobre la reforma a la justicia.
"Las cortes se equivocan, porque esta propuesta no viola la autonomía de la justicia. Quienes proponen las reformas constitucionales son el Gobierno y los congresistas o los ciudadanos. Hacer una reforma a la justicia es una decisión política que se tramita en el Legislativo y el Ejecutivo no tiene la obligación de citar al órgano que busca ser reformado", dijo Charry, quien afirmó que la respuesta de los dos tribunales "evidencia que la rama tiende a ser un actor político y que genera enfrentamientos dentro de la institucionalidad".