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"La rentabilidad de la Secretaría de Tránsito es social, pero el municipio exige que seamos autosostenibles y no nos podemos quebrar". "Es más sostenible tener cámaras y no más agentes". "A ese gran porcentaje de conductores se los va a llevar el verraco", etc., etc. Son algunas de las amenazantes, impropias y desafortunadas declaraciones atribuidas a funcionarios de esa dependencia.
Los únicos responsables de aprobar los 500 comparendos diarios, por supuestas violaciones de los conductores al Código de Tránsito, son los mismos agentes, a quienes les cabe la delicada tarea de monitorear y procesar toda la información grabada en las sofisticadas cámaras (70 de un valor unitario de $90 millones) instaladas en estratégicos sitios de la ciudad.
Pero tras del plausible propósito de reducir la accidentalidad, proteger vidas y aprovechar mejor las vías existentes, subyace un fabuloso negocio que, mediante un convenio interadministrativo con Une y a juzgar por los 31.432 comparendos, las facturas a junio excederían los $10.200 millones.
Mejor dicho, ya se libró la inversión.
La otra arista de la medida son las enormes colas que deben soportar tan solo para acordar la fecha de asistencia a un cuestionado curso pedagógico sobre normas de tránsito, no sin antes cancelar un porcentaje del comparendo, que más que un curso, es un irrespeto, una afrenta a la dignidad humana; un castigo adicional que pesa sobre inermes ciudadanos que impacientes esperan a la intemperie en los denominados CIA (Centro Integrado de Atención del infractor de tránsito).
Así denominan las vetustas y desvencijadas instalaciones de un estrecho "salón de clase" localizado en un tercer piso del Barrio Caribe, rodeado de talleres de cerrajería, fundición y soldadura, bares, cantinas y toda suerte de negocios, propios de un sector netamente industrial y comercial al que asisten ciudadanos humildes, asalariados que ante tan odioso atropello, dejan en caja un porcentaje de sus ingresos o de su salario mínimo y así recaudan millones de pesos, merced a una autorización otorgada por el Ministerio de Transporte.
Pero es que en una ciudad como la nuestra, ausente de planeación y de obras para la movilidad desde hace décadas, cada vez es más evidente la magnitud del rezago de infraestructura vial porque no responde al crecimiento automotor y que no se corrige con simples decretos ni con videomultas, sino con obras para la movilidad.
Una ciudad que ha esperado más de ocho años alternativas y cobertura total de transporte público complementario como el metroplús, una ciudad con exceso de semáforos y cruces peatonales mal señalizados, una ciudad castigada con dos días de "pico y placa" y que limita la movilidad en el Corredor Vial Multimodal, recurso único que nos quedaba para aliviar los tacos, etc., constituye el escenario perfecto y servido para "pescar" infractores y para que los ingresos por contravenciones y multas de la Secretaría de Tránsito, presupuestados para 2011 en $14.291 millones se multipliquen en forma desproporcionada.
Estamos, entonces, frente a unas medidas disciplinarias que castigan la más leve contravención y con sanciones pecuniarias que son, a todas luces, desproporcionadas e injustas. Y como si se tratara de una sociedad más organizada, apropiadas para aplicarla en países de condiciones sociales, culturales y económicas, pero bien diferentes a nuestra idiosincrasia.
Así afirmen los funcionarios estar cumpliendo con los protocolos jurídicos y técnicos sobre la validez de las videomultas, la opinión de muchos abogados es que con tales procedimientos se están violando derechos individuales, como el debido proceso y el derecho a la intimidad (la filmación de una persona debe ser autorizada por un Juez de la República), el derecho a la defensa (usted no puede dar su versión, ni argumentos para la defensa) o la presunción de inocencia.
Tampoco es un proceso legal contemplado en el Código Nacional Disciplinario ni el Código Nacional de Tránsito. Y vendrán las tutelas por montones.