Si la ley 1618 (de discapacidad), sancionada ayer por el presidente
Juan Manuel Santos se empieza a aplicar a cabalidad, los casi 2,6 millones de colombianos en situación de discapacidad podrán beneficiarse con la compra o remodelación de vivienda de interés social; en caso de que sean admitidos en una universidad pública tendrán que pagar la matrícula mínima y se beneficiarán con los programas de deporte, recreación y cultura que se financiarán con el 5 por ciento del Iva de telefonía móvil.
A esto se suma que las administraciones locales deberán incluir una política pública de discapacidad y la creación de un Consejo de Inclusión de Discapacidad que deberá contar con la participación de empresas, gremios, Ong, cámaras de comercio, sindicatos y organizaciones de las personas con discapacidad.
La norma, según Santos, busca brindar condiciones de inclusión laboral a las personas en situación de discapacidad. Para lograrlo, establece preferencias en la adjudicación y celebración de contratos y en el otorgamiento de créditos o subvenciones a los empleadores particulares, cuya planta de trabajadores tenga mínimo un 10 por ciento de personas con discapacidad.
"Que nos oigan los empresarios del país: contratar personas con discapacidad no sólo significará tener excelentes trabajadores, sino que además traerá beneficios adicionales", afirmó Santos.
Sin embargo, tanto Santos como representantes de las personas con discapacidad insistieron en que este grupo poblacional es el que puede tener más potencial para desarrollar actividades en su vida diaria.
Henry Mejía Royet, director de la Federación Nacional del Sordos (Fenascol) recordó que la discapacidad surge de las barreras físicas y culturales que impone la sociedad.
"Ustedes no se imaginan lo que ha sido para nosotros durante muchos años ver vulnerados nuestros derechos", indicó Mejía Royet. De ahí que el dirigente destaque entre otros, el hecho de que se garantice la rehabilitación integral para los menores con discapacidad.
En esto coincide con
Jeny Gómez, directora de la Asociación Colombiana de Padres con Hijos Especiales (Acphes) quien recordó que esta norma fue anhelada durante muchos años. Por eso, insistió, es tan importante que no se quede en los anaqueles como tantas otras leyes y, por el contrario, se difunda en todo el país para que sus beneficiarios no sigan en la "marginalidad".
Teófilo Rincón Mancilla, asesor de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo de Santander, participó en un taller de socialización de la ley realizado ayer en Bogotá. Indicó que la norma favorece a ese departamento porque es uno de los que más personas discapacitadas tiene en el país.
A su juicio, entre los beneficios están "que haya más favorabilidad, para empleo, vivienda y que se hagan respetar derechos como transporte, educación y atención".