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"No tengo nada que ocultar al pueblo ecuatoriano. Yo tuve una niñez muy dura y a los cinco años de edad, mi padre, un desempleado, llevó droga a Estados Unidos y cayó preso, y vivió tres años y medio en una prisión", contó hace más de un año el presidente Rafael Correa en su programa de radio sabatino.
La historia se repite día a día en Ecuador. Cientos de personas están hoy en las cárceles ecuatorianas por el delito de tráfico de drogas y lo que a Correa le preoucupa es que para la ley ecuatoriana, "es lo mismo el capo Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali, que la pobre mujer, madre soltera, desempleada que se atrevió a llevar 300 gramos de droga".
Por eso, el presidente Correa no dudó en pedir a la Asamblea Constituyente un indulto para las mulas que se encuentran en prisión.
La propuesta fue aprobada el pasado viernes y de ella se beneficiarán cerca de 1.200 personas, en su gran mayoría mujeres.
Polémica abierta
El presidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema, Fernando Casares, dijo al periódico El Expreso de Quito que indultar a reos que transportaron hasta dos kilos de droga "es una barbaridad. Lo que se va a lograr es que las personas se dediquen a esa actividad porque saben que si les detienen no va a pasar nada".
Ese criterio lo comparte el juez tercero de lo Penal Luis Fernández. El funcionario explicó al mismo diario que "esto afecta a todos quienes administramos justicia, incluida la Policía Antinarcóticos, la Fiscalía y la propia administración de justicia. La sociedad le va a echar la culpa al fiscal o al juez y no al asambleísta".
Incluso, varios asambleístas coinciden en que el indulto aprobado significa, tácitamente, una despenalización del delito de narcotráfico.
Además, algunos miembros de la oposición han dicho que la medida ni siquiera contribuye a la lucha contra el narcotráfico.
Los medios de comunicación ecuatorianos también han hecho hincapié en que el indulto contradice la propuesta del Gobierno ecuatoriano de incrementar el número de detenidos por narcotráfico y que fue planteada al Gobierno de E.U.
Por otro lado, también hay quienes ven con buenos ojos la medida pues como dijo a Efe el asambleísta César Rodríguez "el castigo aplicado a las mulas no es justo".
Por ejemplo, muchas mujeres pobres, que por su condición se han tenido que arriesgar para llevar pequeñas cantidades de droga reciben condenas de hasta diez años de prisión.
Según el asambleísta, la decisión del indulto es un acto humanitario con gente que ha recibido condenas "sobredimensionadas".
También hay quienes ven a la medida como una buena forma de descongestionar las cárceles ecuatorianas que, en el momento, viven situaciones críticas de hacinamiento.
La polémica está servida y, por ahora, 1.200 personas están al borde de la libertad.