El crudo invierno de finales del año pasado puso al descubierto los serios problemas que en materia ambiental enfrenta el país. Igualmente, ha puesto en evidencia el mal manejo que hacemos los colombianos del medio ambiente, lo que, en un país tropical, puede significar daños irreparables e irrecuperables, que tendrán un alto costo hacia el futuro, costos que deberán pagar las próximas generaciones.
Esto ocurre en momentos en que, por efecto del crecimiento de la población mundial y el mejoramiento del ingreso per cápita de dicha población, la demanda creciente de bienes y servicios genera una gran presión sobre los recursos naturales. Más aún, países ricos y con limitaciones en la disponibilidad de tierra para la producción agrícola, como los Emiratos Árabes, o con expectativas de crecimiento importante en sus poblaciones y niveles de ingreso, como China, están comprando tierras en otros países para asegurar, a sus habitantes, el abastecimiento futuro de alimentos y agua.
Esto hace que recursos naturales como el suelo y el agua, se conviertan en activos estratégicos, no sólo para la humanidad, sino para los países que, como Colombia, disponen de ellos. Este hecho, por sí solo, debería llamar a una seria reflexión acerca de cómo conservar, manejar y aprovechar dichos recursos, no sólo en beneficio del país y sus habitantes, sino como una potencial fuente de riqueza no convencional.
No hay que olvidar que la supervivencia de los seres vivos del planeta Tierra depende, finalmente, del agua y de los alimentos que ingerimos. Por tanto, las sociedades que están en capacidad de abastecer a la humanidad de estos dos elementos tienen en sus manos, no sólo la conservación de la raza humana y demás seres vivos, sino los activos más valiosos para la humanidad. En una situación extrema, no hay conocimiento, ni bienes materiales, ni recursos naturales no renovables, como el petróleo o el oro, que representen valor alguno frente a la necesidad de supervivencia de la humanidad.
Es desde esta óptica, el valor esencial y vital de los recursos naturales, como el suelo y el agua, que el país debe mirar la problemática ambiental que enfrenta y las oportunidades que se derivan de su disponibilidad. La comprensión cabal de esa realidad debería llevar a la sociedad colombiana a replantear el manejo y el aprovechamiento que hace de sus recursos, y a ponerlos en una perspectiva estratégica de uso y conservación.
De esta forma, las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional al amparo de la emergencia económica y las propuestas de algunos partidos políticos relacionadas con el número de Corporaciones Regionales Ambientales y los mecanismos de elección de sus directores, se muestran oportunistas políticamente y descontextualizadas frente a la real problemática que enfrenta el país en materia ambiental.
Desde la perspectiva anteriormente considerada, el reto de la sociedad colombiana, de los gobiernos nacional, departamental y local, del sector ambiental y de los ciudadanos, es inmenso y no da espera.
La creación del Ministerio del Ambiente; la dotación a este Ministerio de fuentes de recursos financieros suficientes; el establecimiento de una estructura institucional sólida y eficaz en el interior del sector ambiental; la determinación de una normatividad efectiva; la creación de mecanismos de coordinación en materia ambiental entre diferentes ministerios e instituciones; la instauración en los ministerios y otras entidades de instancias especializadas dedicadas al tema ambiental; la definición de unas responsabilidades ambientales claras a nivel departamental y local, y la generación, entre la población, de una cultura ambiental y una valoración de los recursos naturales, constituyen tareas y acciones que deben emprenderse si queremos pasar del discurso ambiental a la práctica en el manejo y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
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