La ofensiva mediática del hacker
Andrés Sepúlveda, cuidadosamente planeada y preparada para generar revuelo y producir efectos políticos y jurídicos, lleva toda la semana creando especulaciones, titulares y acusaciones provenientes de todas las partes involucradas en este escándalo, que promete durar bastante tiempo.
Sepúlveda está detenido, en custodia por parte de la Fiscalía General de la Nación y a órdenes de sus fiscales e investigadores. Para las entrevistas que ha concedido, requería la autorización previa de la entidad judicial. Al contrario que en tantos otros casos, en este la Fiscalía no fue celosa con la reserva sumarial. Y en contravía de precisas normas del Código de Procedimiento Penal, no vio inconveniente alguno en que una persona procesada ventile los puntos más delicados de la investigación en los medios de comunicación, antes de que sus fiscales valoren la solidez de las pruebas.
El nuevo ministro de Justicia,
Yesid Reyes, aceptaba el pasado martes en la radio, con la mayor naturalidad, que es posible que la Fiscalía haya permitido estas entrevistas para que, en el muy probable caso de llamar a declarar a personas políticamente relevantes como el excandidato
Óscar Iván Zuluaga, su hijo David, o del "asesor espiritual" de la campaña del Centro Democrático,
Luis Alfonso Hoyos, ya se haya creado entre la opinión pública cierto ambiente que ataje cualquier sospecha de persecución política.
El caso es que el detenido Sepúlveda ha dado un giro total frente a sus primeras versiones. Ha pasado ahora a ser acusador de quienes fueron sus patrocinadores, y con cuya filosofía dijo comulgar.
Ya en Colombia se han vivido volteretas parecidas. Por ejemplo, este escándalo, en lo que hace relación a la actitud personal de los principales acusados, guarda similitud con el tristemente célebre, y nunca cerrado, proceso 8.000.
Ahora el escándalo no está relacionado con el narcotráfico, pero sí con presuntas actividades ilegales dentro de una campaña presidencial, en detrimento de otra, y paralelamente, como foco de conspiración contra el proceso de paz.
En el 8.000 todos negaron rotundamente las acusaciones de haber solicitado o recibido dineros del narcotráfico para financiar la campaña presidencial del Partido Liberal de 1994. Luego, ante ciertas evidencias y testimonios, los incriminados fueron cambiando la versión, hasta que en un momento dado prefirieron confesar y acusar directamente al entonces presidente
Ernesto Samper.
Al igual que en aquella ocasión, hoy las partes implicadas negaron, dijeron medias verdades o mintieron con el "no conozco al hacker", "solo maneja redes sociales", "fue contratado para asesorar las presentaciones del candidato".
Desde todos los ámbitos -incluyendo este espacio- se demanda una labor eficaz y rigurosa de la Fiscalía. Solo ella tiene capacidad de examinar las pruebas que Sepúlveda asegura tener, determinar sus alcances y acreditar su certeza.
La cuestión es que no sabemos qué se puede esperar de una entidad cuya cabeza parece estar al servicio del Poder Ejecutivo, y que tiende a asumir como propios los objetivos de la Casa de Nariño.
Podemos estar en vísperas de una larga travesía donde todos los involucrados quieran elevar el tono de voz para demostrar fuerza, acudiendo a toda clase de métodos, acusaciones cruzadas y desafueros. Y con tanto ruido y furia, nadie va a poder llegar a la verdad.
Contraposición HAY UNA TENDENCIA DEL PERIODISMO LÍNEA WIKILEAKS, DE FILTRACIONES
Por JORGE IVÁN BONILLA VÉLEZ
Periodista, magíster en Comunicación, profesor Escuela de Humanidades Eafit
Lo del hacker apunta a una tendencia que está entre el periodismo judicial y el de escándalo, que atrae mucho la atención. Y que está en la línea del efecto wikileaks, que es como se filtra información por vías electrónicas. Un periodismo no tanto de investigación si no de filtración, en el que ya no es el periodista el que busca la verdad a través de documentos, sino que son filtraciones electrónicas sobre hechos graves que muchos querrían mantener ocultos.
En términos de los operadores judiciales la pregunta que se hace es si ese tipo de información es efectiva, qué efectos puede tener en decisiones jurídicas en un sistema judicial que también está interesado en filtrar información.
Hay que mirar qué es lo que la gente pide a la política. Básicamente, confianza y credibilidad. Justamente lo que hacen los escándalos políticos es minar la confianza y la credibilidad, y generar cada vez más una ciudadanía incrédula frente a la institucionalidad.
Hasta qué punto el periodismo debe o no trabajar sobre estos hechos escandalosos. Qué tanto bien le hace esto a la democracia. Pero hay algo fundamental: la credibilidad la pierde la institucionalidad no por la labor de los medios, si no por las acciones ilegales que hay detrás de eso, interceptaciones, filtraciones.