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Cada vez más la tarea de protección al medio ambiente está recayendo en los juzgados y tribunales.
Si bien la determinación de perjuicios por daños al medio ambiente, la tasación de indemnizaciones y la declaración de responsabilidad penal corresponde, en efecto, a los jueces, ahora las cosas van más allá: éstos han asumido un papel activo en una labor que, por su naturaleza, correspondería a las entidades administrativas del poder ejecutivo.
Pero son los jueces y tribunales los que están ordenando medidas de prevención, compromisos de reforestación, limitación a los agentes contaminantes, protección a las fuentes de agua, etc.
Lo paradójico de este fenómeno en el caso colombiano, es que en el organigrama del Estado abundan las entidades administrativas encargadas de la protección al ecosistema: secretarías de Ambiente, áreas metropolitanas, Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y, por supuesto, las Corporaciones Autónomas Regionales.
Según se concluyó en el Foro "Medio Ambiente y los Desafíos de la Construcción Colectiva", organizado en Bogotá por el Consejo de Estado como preparación al Seminario Internacional que se desarrollará en Cartagena la próxima semana, hay muchas entidades y competencias tan diversas que, al final muy pocos tiene claro qué debe hacer cada una de ellas en materia ambiental.
El ministro de Ambiente Juan Gabriel Uribe, pidió "articular y hacer más clara la amplia normatividad que tiene el país en la defensa de los recursos naturales". Y remató diciendo que "hay que hacer un ejercicio más afinado en cuanto al conocimiento y en cuanto a la articulación jurídica que tiene que ver con el medio ambiente. Hay leyes por aquí y por allá, cada cual trata de sacar una ley nueva y, en general, no existe un foco jurídico claro como mecanismo de protección".
El Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente, Santiago Martínez, se lamentó de lo difícil que es concertar al interior del mismo Estado.
"Si es difícil que entidades del Gobierno central hablen, imagínense cómo es lograr una concertación sobre temas de gran calado ambiental cuando fuera de eso hay que ponerse de acuerdo con departamentos, municipios, corporaciones autónomas y, cuando las hay, con las organizaciones cívicas o las minorías étnicas".
Por eso, el consejero de Estado Marco Antonio Velilla, organizador del Foro, remarcó que tan importante como la existencia de normas jurídicas claras, es la estructura organizacional y la fijación de funciones. Él mismo tiene en su despacho un expediente relativo al río Bogotá, en el que el Consejo de Estado deberá determinar qué competencias corresponden a cada uno de los entes territoriales que tienen que ver con el río.
La directora de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado, Adriana Guillén, refirió un dato que sorprendió a buena parte del auditorio: es tal la contaminación del Distrito Capital, que el factor más contaminante del río es las aguas lluvias que arrastran toda la carga tóxica recogida al "peinar" el aire bogotano.