Horas antes de difundir la carta, Zelaya aceptó la decisión del martes de la Junta Directiva del Congreso de pedir la opinión de los poderes judicial y ciudadano antes de votar la posibilidad de restituirlo.
Pese a que la resolución posterga la convocatoria a una sesión clave para debatir su futuro, el aún popular líder aliado del venezolano Hugo Chávez, dijo que el Congreso tenía derecho a ilustrarse y que la medida estaba incluida en el pacto.
Lo que no aceptó, y hasta consideró una ofensa, fue la convocatoria del Gobierno de facto para cumplir con el punto del acuerdo que fija al 5 de noviembre como plazo para instalar un Gobierno de unidad nacional.
El Gobierno de facto pidió a las diferentes fuerzas políticas, incluso a Zelaya, que le envíen sugerencias de nombres para integrar el Gobierno de unidad nacional.
Zelaya dijo que el acuerdo no establecía este mecanismo ya que el Gobierno de unidad nacional debía tener un presidente legítimo.
Tomé dijo a Reuters que la posición de Zelaya es la correcta porque cuida el proceso de acercamiento con el Gobierno de facto. "Nosotros queremos proteger el acuerdo, cumplirlo, hacer las cosas bien", así tome más tiempo del previsto.
La comisión de verificación de la OEA lucha contra corriente para restituir a Zelaya y garantizar las elecciones y su posterior reconocimiento internacional, como lo expresó José Miguel Insulza, presidente del organismo.
Zelaya ha advertido de que en caso de no ser restituido esta semana la comunidad internacional desconocería las elecciones, que ya estaban convocadas desde antes de que fuera derrocado y que han sido tomadas como punta de lanza del Gobierno de facto como vía para poner fin a la crisis.
Como medida de presión dijo que dos candidatos presidenciales y varios candidatos seccionales, junto a organizaciones campesinas y populares, resolvieron no participar en las elecciones. |
