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Don José María Calle es uno de esos campesinos que si salen de su tierra lo mata el tedio. Lleva cuatro años esperando la restitución de su predio Bonaire, ubicado en Urabá, del cual fue desplazado en septiembre 1996.
"Nadie sabe cuántas gotas de sudor pasaron por esta frente para construir mi finca. Por eso es mía", dice el viejo José María, quien ha visitado en distintas ocasiones las oficinas de restitución y ha salido con las manos vacías.
La entrega de los predios a este campesino se ha visto enredada, según él, por la tramitología que debe cumplir para acceder a la restitución. Esta tramitología, que pasa por la focalización de predios, tiene frenadas 37.844 solicitudes de restitución de las 54.063 registradas en la Unidad de Restitución de Tierras, es decir, el 75 por ciento de los pedidos.
Estos son los resultados de una investigación realizada por la Fundación Forjando Futuros, en la que según su director, Gerardo Vega, "las solicitudes están archivadas, represadas en cajas o no han tenido trámite alguno porque no están microfocalizados (los predios) o no han tenido el concepto favorable del Ministerio de Defensa". Y si no hay seguridad, agrega Vega, la víctima debe ser compensada en especie o en dinero.
No obstante, el director de la Unidad de restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, precisa: "El Gobierno dijo que la restitución sería gradual y progresiva y se debe microfocalizar donde hay un alto número de reclamaciones en zonas que tienen problemas de orden público".
Explica Sabogal que el Gobierno busca hacer una restitución de tierras responsable, "porque queremos entregar con condiciones, no entregar y que el campesino tenga que salir a los ocho días".
Dice también el director de la URT, que si se habla de compensación, "se tendrían que compensar cientos de miles de víctimas y no habría plata que alcanzara y se quedaría en veremos el tiempo que dio la ley para implementarla".
El miedo no deja reclamar
Otro de los hallazgos de la investigación apuntan a que de las 360.000 solicitudes de reclamantes estimadas por el Gobierno, el 85 por ciento, es decir, 306.000, no han sido hechas por los reclamantes.
Las razones más comunes son las amenazas, atentados y asesinatos que entre enero de 2008 y marzo de 2014, han cobrado 66 vidas de líderes y reclamantes de tierras.
"La falta de confianza en las autoridades es una de las principales quejas de los reclamantes. La gente dice que en muchos de los hechos de desplazamiento o despojo de tierras sucedieron por complicidad o indiferencia del Estado", dice el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega.
La seguridad, uno de los más graves problemas a solucionar en la restitución, está en el radar del Gobierno, como lo afirma el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Jorge Bedoya, cuando dice que "se ha buscado fortalecer los lazos que existen entre las Fuerzas Militares, la Policía, los jueces de tierras y la unidad de tierras y continuar con la restitución a la víctimas del conflicto".
Los resultados son positivos según el balance de la subdirectora de la URT, Adriana Fuentes, quien expresa que en los últimos 13 meses, 1.573 personas de diferentes zonas del país fueron beneficiadas con la devolución legal de sus terrenos. La funcionaria señaló que cerca de 1.096 solicitudes fueron resueltas dentro de las 409 sentencias emitidas.
Pero entre esas sentencias falta la de José María Calle. Él se fue a vivir a un lado de su parcela, en una caballeriza, a la espera de un fallo que le asegure que esta tierra, de la que un día salió amenazado, es suya.