La Suprema, otra vez, restringe la extradición, cuya defensa le costó la vida a una docena de magistrados y un par de ministros de Justicia. El año pasado había limitado la figura por vía de interpretaciones contrarias a su jurisprudencia. Negó una extradición de un acusado del secuestro de un norteamericano, sobre la base de que el delito sólo se habría cometido en Colombia, y negó otra porque el narcotraficante solicitado había sido objeto de una condena previa en nuestro país por otro delito.
En esas decisiones la Corte olvidó que la extradición es posible cuando víctima o victimario tienen la nacionalidad del Estado solicitante y abrió las puertas para que, como en el pasado, los delincuentes busquen procesos en Colombia para evitar su envío al exterior.
Ahora la Corte ha negado la extradición de Diego Vecino con el argumento de que su extradición socava el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Por ahí se enfilaron algunos para sostener que esos derechos se habían visto conculcados con la extradición de catorce de los más importantes jefes paras. Lo mismo dice la mayoría de la Sala Penal de la Corte. Sostiene que esa extradición puso trabas a la colaboración de esos paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz y que, en consecuencia, y para evitar esos mismos males, en este caso debe negarse la solicitud.
¡Qué corta es su memoria! ¿De cuál colaboración hablan? Esos jefes paras que algunos quisieran tener aquí, Berna y Jorge 40 a la cabeza, son los mismos que cuando fueron extraditados no sólo no estaban contando la verdad y nunca repararon, sino que continuaban delinquiendo desde Itagüí.
Ese es el punto: que los criminales estén aquí o en Estados Unidos no hace diferencia ni para la verdad ni para la reparación. En cambio, negar la extradición sí afecta la justicia.
En efecto, la colaboración de los delincuentes no depende del lugar donde se encuentren detenidos sino de los mecanismos de coacción que se ejerzan sobre ellos y de los correlativos estímulos que se ofrezcan. Por eso el Gobierno había prometido no extraditar a los jefes paras si colaboraban. Ahora, por cuenta de la Corte, será al revés. No habrá extradición sino hasta que se decidan a hablar. La consecuencia es obvia: no contarán la verdad o la demorarán interminablemente, porque mientras tanto no serán extraditados.
Reparación tampoco habrá. Al menos no más de la muy poca que hoy hay. ¿Acaso están reparando los paras que no fueron extraditados? Ernesto Báez, un ejemplo, ni repara ni cuenta la verdad.
Distinto sería si la justicia cumpliera su tarea y expulsara de la Ley de Justicia y Paz a los renuentes a colaborar. Pero no, no lo hace. Y nada dice la Corte sobre la conducta de sus subalternos y de la Fiscalía.
En cambio, inventarse otro motivo para negar la extradición sí afecta los mecanismos de cooperación judicial frente al delito y significa un nuevo y aún más peligroso retroceso en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
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