Una semana de dolor vivieron las comunidades del corregimiento La Tablaza, de la Estrella y la vereda La Raya, de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, tras el atroz asesinato, hace ocho días, de Laura Carolina Agudelo Giraldo , de 20 años de edad.
La situación se hizo más tensionante, el pasado miércoles, cuando quedó en libertad uno de los implicados en la violación y muerte de la joven y varias personas, armadas, llegaron a la vivienda del supuesto agresor, en la vereda La Raya, para tratar de hacer justicia por sus manos.
Miembros de la Policía y el Ejército tuvieron que intervenir y evacuar la familia de este hombre, de unos 20 años de edad, quien fue recapturado el jueves y trasladado a la cárcel de La Estrella.
Horas después el CTI de la Fiscalía aprehendió a otro joven, al parecer, relacionado con el mismo crimen.
A este hecho se sumaron otros cuatro homicidios de mujeres, en la vereda Bodegas, de Puerto Berrío; en el barrio Buenos Aires, de Yarumal, y las zonas urbanas de Arboletes y El Retiro, los cuales elevaron la cifra de mujeres muertas en forma violenta este año en Antioquia, a 43.
Ante estos hechos, la secretaria de Equidad de Género de Antioquia, Rocío Pineda García , advirtió que no nos ganamos nada con estar describiendo los casos cada ocho días si no se desestructuran las formas de pensar de la sociedad, según la cual la mujer es propiedad de alguien y si ella decide actuar de otra manera, entonces hay que controlarla de una forma violenta. De allí, agrega la funcionaria, "provienen las agresiones de toda clase que conllevan a situaciones tan aberrantes como lanzarles ácido y, en muchos casos, asesinarlas".
Señala Rocío Pineda que "cuando un hombre le lanza ácido a una mujer no es que se le apareció una dama y este le tiró el químico. Por el contrario, este es un eslabón más de una cadena de violencia, que se convierte en un mecanismo de control social de la mujer. En este caso los daños que hace el ácido actúan como amedrentamiento e intimidación".
Su propuesta entonces es unir voluntades, recursos y responsabilidades en desestructurar este fenómeno y en deslegitimarlo. "De igual forma hay que acabar con el miedo a denunciar. Pero también hay una desesperanza con la justicia por los bajos niveles de respuesta oportuna, porque si no actúa de manera efectiva y a tiempo se generan otros fenómenos tan graves como lo que estaba ocurriendo en Caldas y no podemos legitimar que la gente tome la justicia por sus propias manos", advirtió la funcionaria.
Recordó que, según una investigación publicada el año pasado por la Ong inglesa Oxfam sobre la violencia contra la mujer, asociada al conflicto armado en Colombia, en nueve años se presentaron unos 487 mil casos.
Desconocen la ley
La abogada Sofía Díaz Jiménez , investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios en Género (Cieg), de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, advirtió sobre los alcances de la Ley 1257 de 2008 y sus cuatro decretos reglamentarios, que protegen los derechos de la mujer. También señaló que todavía hay funcionarios de comisarías en el país que piensan que están trabajando con la antigua Ley 294, que habla de violencia intrafamiliar.
Añadió que en algunos funcionarios judiciales y operadores de justicia no hay una cultura que reconozca las violencias de género.
También se quejó porque, en algunos casos, el aparato de justicia no opera como debería y aún hay funcionarios que consideran que un escote o un pantalón ajustado es provocación para los hombres, lo que justifica su agresión y mientras siga esa mentalidad se permean las sentencias judiciales.
Al recordar una encuesta de Demografía y Salud, realizada por Profamilia en 2010 en Antioquia, la jurista indicó que para ese año, un 28 por ciento de las mujeres dijo ser víctima de violencia verbal y un 39 por ciento sufrió algún tipo de violencia física por parte de su pareja como empujones, golpes con la mano, patadas y violación.
La investigadora concluyó que el problema de estas violencias tiene muchas aristas y, en el fondo, hay un ejercicio de poder donde no se reconocen a las mujeres como sujetos sociales y políticos, sino como apéndices, "lo que quiere decir que ellas no son ellas sino a través de ellos".
Sonia Vásquez Mejía , secretaria de las Mujeres de Medellín dijo que la situación en la ciudad sobre violencias sigue estable, aunque destacó que si las cifras crecen no le preocupan, porque para ella es un buen síntoma y quiere decir que "ya se está denunciando. Tenemos es que estar preparados para brindarles una buena atención".
Para ello, anotó, ya se está trabajando con los colectivos femeninos en los barrios para hacerles conocer los planes del Municipio y para que expresen sus necesidades, en especial de seguridad.
Explicó que la Ley 1257 dice que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín debe tener un capítulo sobre seguridad y prevención y atención de violencias y todos los municipios de Colombia lo tienen qué hacer. Además, hay una directiva de la Procuraduría que les recuerda a los alcaldes que tienen qué cumplir con esa norma.
Destacó que en Medellín, en cumplimiento del Acuerdo 52 de 2011, el Municipio está planeando y coordinando el programa integral de protección y apoyo a mujeres víctimas de violencia y para su reglamentación está analizando las competencias de cada una de las secretarías.
En cuanto a las entidades de prestación de justicia en la ciudad, en especial las comisarías de familia, destacó que se está haciendo un trabajo para darles un mayor soporte jurídico y sicológico para que tengan todo un equipo profesional de atención a las mujeres.
La socióloga, Margarita María Peláez , asesora de la secretaría de la Mujer de Envigado destacó los avances que se han logrado en su ciudad.
Pero, alertó, que no sólo se necesita una legislación, sino cambiar la cultura que desvaloriza a la mujer y la publicita como objeto sexual.
Entretanto, la irracionalidad masculina ha acabado, en Antioquia con nueve vidas de mujeres en lo que va corrido de marzo, justo, el mes de la mujer.
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