viernes
7 y 9
7 y 9
Que las consultas previas son un derecho consagrado en la legislación nacional y varias normas internacionales acogidas por el Estado colombiano es algo que no discute el Gobierno Nacional. Sin embargo, la forma en que se han venido aplicando, no tiene del todo contentos a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a las Ong defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente y hasta a la ONU.
Con estas ellas se busca que las comunidades asentadas en un área en la que se pretende realizar un proyecto de infraestructura o una explotación minera o de hidrocarburos o hasta una iniciativa ambiental que implique un manejo diferente de los recursos, concilien con los interesados en ese desarrollo.
"Una consulta previa se hace con el ánimo de lograr acuerdos, si no se llega a ellos la consulta se cierra dejando la constancia y avanzando en los procesos", precisó a Colprensa, Aníbal Fernández, viceministro del Interior.
Para los indígenas, la consulta es tan importante que quedó incluida como uno de sus cinco Objetivos del Milenio, los cuales fueron presentados la semana pasada con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic, insistió en que las consultas se vienen realizando para cumplir con un trámite, pero poco importa lo que tengan para decir las comunidades indígenas.
Sin embargo, la crítica más fuerte está el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. El jefe de esta oficina en Colombia, Todd Howland, recordó que después de un trabajo con 3.300 titulares de derechos no encontraron ni una buena práctica de las consultas. Es más, hallaron una desarticulación entre los ministerio del Interior, Minas y Medio Ambiente y la confusión en cuanto a la responsabilidad del sector empresarial.