
UN TENIENTE CONDENADO por la muerte de un campesino denuncia que una fiscal lo intimidó con una pena de 60 años para incriminarse él mismo y a otros militares. Ahora insiste en que dieron de baja a un guerrillero.
El juicio contra 10 militares, sindicados del asesinato de un campesino en Yondó, podría dar hoy un nuevo giro cuando un teniente del Ejército acuse a la Fiscalía de manipular y presionar a los uniformados y a un civil para que se incriminen en la supuesta ejecución sumaria.
En la audiencia programada para hoy en el Palacio de Justicia en Medellín, el teniente Édgar Iván Flores Maestre comparecerá como testigo de la Fiscal 50 de la Unidad de Derechos Humanos, Edna Margarita Borja, en contra de un hombre que sirvió como guía de las tropas en la acción que terminó con la muerte del campesino en una supuesta ejecución.
Pero, según el teniente Flores, en vez de acusar al guía de participar en el crimen denunciará que fue "engañado e intimidado" por la fiscal y los investigadores judiciales para aceptar los cargos por homicidio agravado en persona protegida y culpar a nueve militares más y al civil del asesinato, en 2008, de Aicardo Antonio Ortiz Tobón.
"Voy a denunciar que la fiscal y sus investigadores me intimidaron con una condena de 60 años de prisión, que para mí es una cadena perpetua y la única salida que me dieron fue allanarme a los cargos por homicidio agravado y acusar con falsos testimonios a mis compañeros: ocho soldados y un suboficial", aseguró ayer en los juzgados a este diario el oficial.
El militar reconoció que en septiembre de 2010 fue condenado por un juez especializado tras allanarse a los cargos y aceptar que las tropas de la compañía que él comandaba asesinaron el 8 de julio de 2008 a Ortíz Tobón.
Ahora insiste en que fue "timado" por la fiscal 50, según Flores, para que se allanara a los cargos a cambio de una sentencia reducida entre 5 y 7 años de prisión. "Pero fui condenado por línea de mando a 28 años de cárcel, pero ahora quiero rectificar ese montaje de la Fiscalía, que manipuló también a otros compañeros para que reconociera un asesinato que nunca se cometió, cuando la verdad es que se dio de baja a un guerrillero en una acción militar legal".
El teniente se refiere al soldado Eduard Alejandro Castaño Bolaños, quien en abril pasado aceptó haber disparado contra Aicardo Ortíz y declaró que manipularon la escena del hecho con uniformes, radio y un revólver para simular que disparó contra los soldados y que murió en la reacción de estos. Por esa confesión fue condenado en julio pasado a 21 años de cárcel por homicidio agravado de un civil.
Pero no es la única acusación del teniente Flores. También asegura que denunciará que recibió dinero en varias oportunidades de fiscales, entre ellos la fiscal del caso, para "que yo sirviera como testigo contra el coronel Wilson Ramírez Cedeño (comandante del batallón Calibío) y contra militares en otros procesos por 'falsos positivos' del mismo batallón, de los que no se nada".
¿Campesino o guerrillero?
De acuerdo con la nueva versión del teniente Flores, "la supuesta víctima en este caso era alias 'Murciélago', miliciano y jefe de finanzas de la cuadrilla Raúl Eduardo Mahecha de las Farc".
Agregó que las tropas lo ubicaron como centinela en una caseta en la vereda Alto Jabonal y que, cuando iban a registrarla, Ortíz disparó contra los soldados y estos respondieron y lo abatieron.
Se realizó una audiencia judicial en el juicio contra Jonathan, el informante civil que sirvió de guía. La diligencia fue aplazada por enfermedad del sindicado, quien denunció ante el juez amenazas por parte de militares y el propio teniente Flores para que no declare reconociendo el caso de "falso positivo".
Ayer se realizó una audiencia judicial en el juicio contra Jonathan, el informante civil que sirvió de guía a los militares en Yondó. En la diligencia, la Fiscalía mostró vídeos de la reconstrucción en el sitio del hecho y con los militares explicando cómo actuaron y "dieron de baja" a Ortiz Tobón.
Los abogados del Colectivo José Alvear Restrepo, que representan a la familia de Aicardo Ortiz, indicaron que esa "versión es un montaje para mostrar a un campesino que era un líder cívico del Valle del río Cimitarra como guerrillero muerto en combate".
Además, indicaron que se trató de una ejecución extrajudicial con el fin de ganarse días de descanso. La audiencia fue aplazada por enfermedad de Jonathan, quien denunció amenazas a él y su familia para que no declare reconociendo el caso de "falso positivo".
La fiscal Edna Margarita Borja aseguró que no tenía autorización para referirse al caso, pero negó las acusaciones e indicó que son varias las pruebas presentadas en para sustentar la acusación contra los militares.
El abogado de Édgar Iván Flores indicó que interpondrá recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Antioquia de la condena contra el militar con base en su versión y denuncias sobre la "coacción" de la Fiscalía.
Este diario intentó obtener respuesta de la Fiscalía sobre las acusaciones pero el organismo no se pronunció.
Según la Fiscalía, hasta agosto de este año estaban activas 1.598 investigaciones por supuestas ejecuciones extrajudiciales de miembros de la Fuerza Pública, a las cuales están vinculados 3.473 uniformados (militares y policías). De éstos, 1.411 están detenidos. Los casos corresponden a 2.445 víctimas (118 mujeres y 126 menores). En los últimos meses decenas de militares recuperaron su libertad al comprobarse que las muertes fueron y no ejecuciones. En agosto pasado diez militares adscritos a la IV Brigada del Ejército, condenados en diciembre de 2010, a 30 años de prisión por el homicidio de un hombre, fueron absueltos por el Tribunal Superior de Medellín.
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APUESTO QUE NO PASA NADA, LA FISCAL Y LA CORTE SOCIALISTA DE JUSTICIA SE CUBREN.
Ojo, mucho ojo con todos los casos en que esté involucrado el colectivo jose alvear restrepo, son expertos en manipular sitios y testigos, en ofrecer prebendas a unos, para que atestiguen contra otros, asi ninguno sea culpable. Todo esto lo hacen por la tajada millonaria que sacan de estos casos PREFABRICADOS. Son los Nule de la justicia, expertos en tumbar al estado.
nos preguntamos, sera que este condenado, señalo como fue la orden recibida y entre los señalamientos estan algunos coroneles y generales, que para la epoca estaba urgidos de positivos para poder escalar en la carrera militar, y como ahora se viene el proceso contra estos, pensamos que este condenado ha recibido hasta amenazas de los superiores y esta buscando retractarse para dilatar la investigacion contra los otros que aun estan libres y que por cadena de mando son los que siguen. realmente una institucion como el ejercito, se convirtio en el periodo 2002 - 2010, en la fabrica de homicidios y corrupcion, esperemos que las sanciones sean fuertes para todo delincuente. al señor uribe le hizo falta la creacion de una ley similiar a la de los paramiliatres para estos militares.
Claro...Cuando se trata de militares, la justicia es implacable. La máxima condena para hombres que día a día exponen sus vidas para garantizarnos seguridad. Y para los narcoguerrilleros hay derechos humanos, disolución de pruebas, exoneración por parte de la corte suprema de in-justicia y ocupación de altos cargos en el gobierno. !Que paradoja tan grade! !Que deslealtad!


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